Oaxaca de Juárez, 13 de diciembre. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, decidió llevar ante un juez la carpeta abierta contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
La acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sostiene que la analista participó en hechos relacionados con el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades tras haber recibido durante dos décadas una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos por la muerte de su esposo, Carlos Márquez.
¿María Amparo Casar puede ir a la cárcel?
La audiencia inicial quedó fijada para el 16 de diciembre. Ese día se dará a conocer de manera formal la imputación y se resolverá si existen elementos para iniciar un proceso penal contra Casar y dos personas más.
El delito no está clasificado como grave, lo que permitiría que los acusados enfrenten el juicio en libertad condicional en caso de que el juez determine su vinculación.
El juez valorará los documentos entregados por la FGR, las acusaciones de la petrolera estatal y los elementos que rodean el otorgamiento de la pensión posmortem. Si existen pruebas suficientes, el proceso penal se abrirá de manera formal. De lo contrario, la causa quedará detenida en esta etapa inicial.
Cronología del caso de la pensión de María Amparo Casar
El caso se hizo público en mayo de 2024, cuando Pemex informó que Carlos Márquez, quien ocupó el cargo de coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración desde el 1 de junio de 2004, falleció el 7 de octubre del mismo año después de caer desde una ventana del piso 12 del edificio central de la petrolera.
De acuerdo con los peritajes descritos en la conferencia presidencial, la muerte habría sido clasificada como suicidio, aunque los documentos divulgados no lo consignaron de manera explícita.
El 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem para los beneficiarios con efectos inmediatos. Durante dos décadas, Casar recibió recursos que sumaron alrededor de 31 millones de pesos, con pagos mensuales de 125 mil. pesos y un seguro por 17 millones. Pemex sostuvo que el otorgamiento de la prestación se basó en registros internos donde la muerte apareció como accidente.
Octavio Romero Oropeza aseguró en 2024 que Casar habría intervenido para modificar el dictamen pericial. La analista respondió a las acusaciones al señalar que ejercer un derecho no puede interpretarse como corrupción y acusó al expresidente de utilizar una tragedia familiar para dañarla.
Después de que Pemex suspendió los pagos en febrero de 2024, Casar promovió un juicio de amparo. El juzgado sexto de distrito en materia laboral resolvió en junio que la pensión debía restablecerse al considerarla un derecho adquirido. La decisión no detuvo el expediente penal; la FGR continuó la investigación y, meses después, solicitó audiencia para imputar el delito, que se logró judicializar ahora que Ernestina Godoy está al frente de la Fiscalía.
Crónica
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