Oaxaca de Juárez, 20 de abril. Está bien comprobado que en México se ha institucionalizado la corrupción, y que por lo mismo se promulgó una ley más, supuestamente para combatirla bajo el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, pero ni siquiera se ha encontrado un candidato idóneo para ocupar el cargo de fiscal para realizar las averiguaciones correspondientes, lo que en rigor no es necesario, porque para eso estamos plagados de leyes que tienen el mismo fin pero que no es aplican. La mejor prueba es que en los pocos casos en los que se han iniciado procesos contra los políticos que no han podido ocultar sus escandalosos y desmedidos actos de corrupción, no se ha requerido de ese sistema ni de ese fiscal. Simplemente se actúa de acuerdo con el delito que se persigue: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude, encubrimiento, etcétera. Sin embargo, es probable que se haya tratado de una advertencia para que, principalmente los robos a las finanzas públicas, no siguieran siendo tan ostentosos, como los que en esos meses ya no era posible seguir encubriendo, máxime los que en alguna forma afectaron a otros países, o para que todos los funcionarios de alto nivel se cuiden de no caer de la gracia del único que manda en el país. Entre unos y otros, y también como parte de la pre campaña electoral, se procedió para efectos publicitarios contra los siguientes:
Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, detenido tal vez por error en España en enero de 2016, porque luego fue puesto en libertad a petición directa de la Presidencia de la República de México. Ahora es candidato del Partido Joven de Coahuila a una diputación de representación proporcional de esa entidad. Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, aprehendido en Italia, cuyo gobierno no se ha dejado sobornar, por lo que México y Estados Unidos se disputan su extradición, pero que de lograrlo éste sí le impondría la sanción que merece. Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, acusado de defraudación fiscal, corrupción y operaciones ilícitas, pero sentenciado a sólo un año de prisión por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, del grupo de saqueadores del erario estatal a quienes más les asustó la persecución que la efímera detención, así como a Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo y César Duarte Jáquez, de Chihuahua. Flavino Ríos, ex gobernador interino de Veracruz, detenido el 12 de marzo pasado por haber proporcionado un helicóptero oficial al campeón de las ratas Javier Duarte de Ochoa, para su traslado a Coatzacoalcos, un día después de haber solicitado licencia de su cargo de gobernador de Veracruz, por haberse librado orden de aprehensión en su contra por un juez de distrito el 14 de octubre último.
El gran escándalo de este mes es precisamente la detención de Duarte de Ochoa el sábado 15 de este mes, pero no aquí donde se dijo que fue buscado por aire, mar y tierra, sino en Guatemala, donde también tiene cuentas pendientes, pero como integrante distinguido de la gobernante nueva generación priista, ya su presidente solicitó al gobierno de ese país su extradición, que puede tardar de un mes a un año en resolverse, según la presión que se ejerza, aun cuando ya la advertencia de buen trato queda registrada. Seis meses y un día después de darse a la fuga, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aparte de muchos crímenes contra la población veracruzana, fue detenido este rufián. A principios de este año la Interpol dio a conocer la llamada “ficha roja” para buscarlo en 190 países, aclarando que la había girado dos meses antes. La carrera política de Duarte de Ochoa se vincula con la del ex cónsul en Barcelona, Fidel Herrera, de quien fue secretario particular, y al que todavía no se toca, a pesar de que figura entre los grandes prototipos de la impunidad y corrupción. Se informó que aunque aún falta auditar el último año de la administración de Duarte, el saldo de irregularidades y derivaciones penales no tienen precedente en la fiscalización de los recursos que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación. El monto involucrado en presuntos malos manejos oscila en 30 mil millones de pesos, con más de 50 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República. La institución fiscalizadora asegura que prácticamente no hubo ningún rubro prioritario que no fuera afectado por los manejos inadecuados de las millonarias trasferencias de recursos del gobierno federal: salud, educación, seguridad, infraestructura social y combate a la pobreza, a la que se había destinado una partida de 463 millones de pesos, que fueron desviados a fines ajenos a la política social.
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, solicitó “sanción ejemplar” para su compañero Javier, quien fue expulsado de ese partido en octubre del año pasado, pero ya sabemos que estos personajes sólo repiten las consignas de su jefe, y que en el fondo están de acuerdo con las corrupciones y despilfarros. En Oaxaca, por ejemplo, no se ha tocado a los ex gobernadores corruptos, sino que por el contrario se les ha dado nuevo cargo, como en el caso de Ulises Ruiz Ortiz, al que en complicidad siguió Gabino Cué Monteagudo, intocable para el nuevo gobernador. Una muestra muy reciente de que los procedimientos señalados sólo son una manita de gato a la corrupción, es que los priistas integrantes del congreso local han enviado “a la congeladora” la iniciativa de los demás partidos de retirar el fuero constitucional a funcionarios públicos, representantes populares, gobernador, jueces y magistrados, por lo que seguirán gozando del mismo para evadir la acción de la justicia. Esa es la mejor muestra de la falsedad del flamante sistema nacional anticorrupción.
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