Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. Definición de bancarrota, según diversos diccionarios consultados en Google: “Cese de una actividad comercial al no poder hacer frente a las obligaciones de pago y no alcanzar el activo a cubrir el pasivo”. Sinónimos: caída, crac, colapso, quiebra. Resulta ocioso repetir que México sí puede hacer frente a sus obligaciones de pago y que no hay riesgos de crac, ni caída ni colapso ni quiebra ni nada que se le parezca.
No se trata de defender posiciones “reaccionarias”, como dice AMLO, o de formar parte de la “prensa fifí” que saca de contexto las cosas, como despectivamente llama el Presidente electo a los periodistas críticos que no comparten sus posturas. Manifestar que el país “no está en bancarrota”, tampoco quiere decir que se admitan los dolorosos contrastes que existen en la República Mexicana.
Mucho menos que no se vea la pobreza que afecta a decenas de millones de mexicanos, que se omita mencionar los raquíticos resultados de programas sociales, como Prospera o que se niegue que las políticas neoliberales fracasaron en esa tarea.
Tampoco que cerremos los ojos ante la corrupción y la violencia, talón de Aquiles del régimen que se va con la cabeza agachada. AMLO ha reiterado hasta el cansancio que se va a respetar la libertad de expresión en su gobierno, pero calificar de “fifí” a los que critican sus proyectos y declaraciones no parece ir en ese sentido.
El calificativo emana nada menos que del Presidente electo. No es cualquier cosa. Tiene efectos inhibidores sobre la comentocracia que teme perder la chamba o se quiere acomodar a la Cuarta Transformación.
En Morena parecen no darse cuenta de que ganaron todo. La misma historia de los panistas cuando triunfó Fox. Traen la inercia opositora. Una declaración irresponsable puede pegarle al peso, ahuyentar las inversiones, sacudir la economía, en vísperas de que entre en funciones el gobierno de la Cuarta Transformación.
A López Obrador no le gustó que le dijeran que se está “curando en salud” o que empieza a darse cuenta de que los recursos no alcanzan para enfrentar las grandes necesidades del país. Es cierto que dejó claro que cumplirá todos y cada uno de los compromisos que asumió en campaña.
Pero dice que el país saldrá adelante sin subir impuestos, sin más deuda, sin nuevos gasolinazos. Es más, se comprometió a bajar los impuestos en la zona fronteriza.
En un tuit que posteó hace días, Aristóteles Núñez, extitular del SAT, calcula que la Secretaría de Hacienda dejará de percibir, al menos, unos 40 mil millones de pesos en IVA y 80 mil millones en ISR.
En total se dejarán de percibir 120 mil millones de pesos. Pero el Presidente electo dice que cubrirá todos sus compromisos de campaña sólo con la eliminación de los gastos suntuarios en el gobierno y las eliminación de la corrupción.
La varita mágica pues.
- El siguiente tuit apareció en la cuenta oficial del Senado;
“A 208 años de la Independencia de México, el @senadomexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la #Cuarta Transformación de la República. Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria”.
El tuit causó molestia en los grupos opositores.
“Con justa razón”, admitió Martí Batres. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta aseguró que él no dio la orden de que se difundiera. Es más, el senador de Morena hasta anunció que dio instrucciones a Comunicación Social a realizar una labor institucional.
Pero las reacciones no se hicieron esperar.
La panista Josefina Vázquez Mota dejó bien claro que el Senado no es patrimonio de un solo grupo parlamentario, independientemente del número de sus participantes.
Y el priista Miguel Osorio: “No se puede ocupar la Mesa Directiva del Senado para ideologías de un partido político. Espero que el exhorto, no a corregir, sino a que no vuelva a suceder. Están lastimando la pluralidad”.
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) empieza hoy a revisar el caso Puebla.
Nos aclaran que no se resolverá la gubernatura, pero sí un total de 25 recursos de recuperación relacionados con los cómputos distritales de la entidad.
“La impugnación principal, en la que demandan la nulidad de la elección, todavía está en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla”, puntualizan. La demanda de anular la elección fue presentada ante el Tribunal Estatal Electoral el pasado 12 de julio por Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena.
El experredista pide un recuento de la votación con el argumento de que hay “discrepancias” en las actas de cómputo distritales y que la diferencia con la ganadora oficial de los comicios, Martha Erika Alonso es muy corta.
Asegura, también, que hay más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar, además de que su contendiente “rebasó los topes de campaña” y se registró un uso inequitativo de los medios de comunicación.
Los morenistas poblanos creen que la inconformidad llegará al TEPJF. No le tienen confianza al Tribunal local.
Los morenovallistas, como lo apuntamos ayer aquí, están nerviosos. Temen que los magistrados del Tribunal Federal busquen acomodarse con el gobierno de AMLO.
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