Oaxaca de Juárez, 18 de junio. El retroceso de la #Ley3de3, que proponía la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos tiene responsables directos, con nombres y apellidos, que desde mediados de abril comenzaron tejer estrategias en la opacidad y fuera de las instalaciones del Senado, que concluyó con la aprobación de una ley calificada como descafeinada.
Los principales operadores que “rasuraron” la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde está incluida la #Ley3de3, fue el legislador del Verde y presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero y el priísta Raúl Cervantes, quienes fueron comandandos por el coordinador del PRI, Emilio Gamboa.
En un segundo nivel de responsabilidades y de negociaciones estuvieron los priístas Enrique Burgos y Cristina Díaz, y en el último momento se sumó el senador independiente, Manuel Cárdenas, quien acaba de llegar a la cámara alta como suplente de la finada legisladora Mónica Arriola, hija de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Manuel Cárdenas, amigo de Gordillo Morales, fue un factor que nadie vio venir, pues se convirtió en el emisario del priísmo, porque sigilosamente logró incluir, a través de su reserva, parte de un adéndum que impulsaba PRI y Verde para achicar #Ley3de3, como finalmente sucedió.
A través de él, también se pudo incorporar al dictamen un añadido para que los empresarios que tengan contratos con el gobierno estén obligados a presentar su 3de3, lo que se interpretó como un “ajuste de cuentas” por las presiones y las críticas que la Iniciativa Privada hizo contra los senadores en los últimos días.
La misión
En todo este proceso de debilitamiento de esta ley, Escudero y Cervantes –como principales negociadores– tuvieron una misión específica que era mediar y proponer redacciones que no dejaran resquicios a la apertura de información patrimonial, especialmente a lo relacionada con bienes y cuentas bancarias.
Sus argumentos siempre fueron en el sentido de que dar detalles patrimoniales o fiscales ponía en riegos al servidor público, además de que se violaba su derecho a la privacidad y se ponían en riego sus datos personales.
Cada palabra, cada oración, de todos los borradores y de las dos redacciones que propusieron al artículo 29 fue consultada a la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien su titular Humberto Castillejos Cervantes es primo del senador priísta Raúl Cervantes.
Pero a diferencia de otras ocasiones, el funcionario federal no se dejó ver por el Senado, por lo que las reuniones se hacían en la zona de Polanco. Esta estrategia de no reunirse en las instalaciones de la cámara también fue copiada por panistas, perredistas, integrantes de la sociedad civil, quienes preferían encontrarse en The University Club of México, ubicado en Paseo de la Reforma y Lucerna, muy cerca del Senado y de la Torre Azul, las oficinas externas de legisladores de Acción Nacional.
Desde que las primeras reuniones, donde estuvieron representantes de la sociedad civil, quienes promovieron esta iniciativa ciudadana que tiene el respaldo de 634 mil firmas, los priístas y los verdes evitaron que las reuniones fueran públicas, a través del mecanismo de Congreso Abierto.
A los priístas, del Verde y algunos panistas nunca les gustó el contenido de esta ley ciudadana y al menos dos veces cambiaron la redacción del tema relacionado con el grado de publicidad de las declaraciones a las que están obligados a presentar los servidores públicos.
Los dos bloques del PAN
Pero los priistas no hicieron estos cambios solos, pues los lograron con el acompañamiento de panistas que también no veían con buenos ojos la propuesta ciudadana #Ley 3de3.
Los mismos panistas relatan que el propio presidente del Senado, Roberto Gil, así como sus compañeros Jorge Luis Preciado, Jorge Luis Lavalle, Héctor Larios, Ernesto Cordero, entre otros, jugaron un papel de “facilitadores” para que ir aplanado este dictamen al interior de la bancada y con empresarios.
El otro bloque panistas que tuvo un papel relevante y que fue más visible a favor de la apertura de los datos patrimoniales fueron Marcela Torres, Ernesto Ruffo, Laura Rojas, Pilar Ortega y Juan Carlos Romero Hicks.
Los que dieron la estocada
En la definición para “achicar” la #Ley3de3 participaron por omisión o de forma consiente 14 senadores (siete petistas-morenistas, cuatro panistas y tres perredistas) que de haber votado a favor de la propuesta del PAN y PRD, se habría avalado la propuesta ciudadana que propone la máxima apertura a las declaraciones de los funcionarios públicos.
La aprobación de una #Ley3de3 completa, que retomará los formatos usados por la plataforma 3de3 para hacer públicos los bienes, las cuentas bancarias, los vehículos, joyas, y el historial fiscal y de intereses de los servidores públicos, dependía de que la oposición ganará una votación al PRI y PVEM, sin embargo se registraron ausencias de los propios panistas y perredistas y los petistas decidieron no votar, pese a que se encontraban en el salón de plenos.
La votación quedó 59 a favor del PRI y Verde contra 51 en contra del PRD, PAN e independiente, es decir, se quedaron a nueve votos que la bancada del PT pudo dárselos o si sus propios legisladores hubieran estado en el pleno emitiendo su voto.
Las justificaciones
Los senadores que no votaron a favor de una #Ley3de3 completa, pese a que estaban en el salón de plenos, fueron los petistas Manuel Bartlett, Layda Sansores, Marco Antonio Blásquez, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Carlos Manuel Merino, Martha Palafox y se abstuvo de votar Ana Gabriela Guevara.
Los petistas justificaron su negativa a votar señalando que todo fue una “farsa” y “pantalla” para simular un combate a la corrupción, por lo que decidieron no sumarse a los votos del PAN y PRD.
El coordinador Manuel Bartlett, acompañado sus compañeros de bancada, dijo que su bancada nunca fue contemplada en el proceso de dictaminación, pese a que presentaron una iniciativa.
La senadora Layda Sansores explicó que no se debe responsabilizar a su bancada de esta derrota, pues el PRD y PAN “hubieran cuidado a sus gente para que no se les fueran”.
Los tres perredistas que no estuvieron en la votación, son: Luz María Beristaín, Benjamín Robles y Alejandra Roldán.
En entrevista con La Silla Rota, Luz María Beristaín dijo que a ella no le avisaron que se iba a votar una reserva y que además a esa hora de la madrugada comenzó a sentirse mal, por lo que decidió retirarse a descansar.
Explicó que antes de irse se cercioró de que no había votaciones importantes, pues ya se había votado en lo general el dictamen, por lo que optó por salirse del salón junto con la senadora Alejandra Roldán, quien también pensó que ya no había debates importantes.
El caso del senador Benjamín Robles, quien sí estuvo durante el día en el Senado, se retiró luego de un problema de salud que tiene presentado desde que concluyó la elección del 5 de junio.
Los panistas ausentes fueron Jorge Luis Preciado, quien todo el día estuvo en las instalaciones del Senado, pero en el momento de la votación no se apareció en el salón de plenos. También destacan los panistas Héctor Larios, José María Martínez y Adriana Dávila, quienes no registraron su asistencia.
En el caso de Preciado, sus compañeros, especialmente la senadora Marcela Torres, preguntaban en voz alta por él y pedía que le llamaran o fueran por él para que emitiera su voto, pero fue inútil porque no llegó el colimense. Su equipo de prensa dijo que el momento el legislador no haría comentarios.
Los otros tres panistas justificaron a través de las redes sociales su inasistencia. Los tres explicaron que fue un problema de salud el motivo por lo que no estuvieron presentes, incluso Adriana Dávila publicó su receta médica.
Con información de La Silla Rota
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