Oaxaca de Juárez, 15 de enero. Estrictamente Personal. Totalmente desapercibido en México pasó el anuncio del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, el jueves pasado, sobre la creación de un grupo antiterrorista para combatir mundialmente a Hezbolá, una organización calificada por el Departamento de Estado como “terrorista”, que fue formada por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982 para enfrentar la invasión de Israel a Líbano. El grupo, integrado por expertos en narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, se coordinará con la División de Operaciones Especiales de la DEA, y el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior. Si en el gobierno mexicano no han procesado lo que esto significa, deben hacerlo rápidamente. La ruta de Hezbolá a Estados Unidos pasa por territorio mexicano de la mano de los cárteles de la droga.
Sessions fue muy contundente. “El Departamento de Justicia no dejará piedra sin remover a fin de eliminar las amenazas a nuestros ciudadanos de organizaciones terroristas y para eliminar la marea de la devastadora crisis de drogas”, dijo. “El equipo iniciará procesos que restrinjan el flujo de dinero de las organizaciones terroristas extranjeras así como romperá las violentas operaciones de tráfico de drogas”. No se requiere ciencia para conectar los puntos. Si toda la retórica del presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo con México es para frenar a los criminales que están intoxicando a los estadounidenses con sus drogas y el Ejército mexicano es incapaz de confrontarlos, uno de los principales campos de batalla contra Hezbolá va a estar en México.
El tema de organizaciones terroristas en México siempre ha sido negado por las autoridades mexicanas, pero sobre todo, han minimizado el fenómeno. En agosto de 2002 se publicó en este espacio que el entonces jefe de la DEA, Asa Hutchinson, estaba reforzando la vigilancia en la frontera con México ante su temor de que los cárteles de las drogas financiaran el terrorismo político a través de Al Qaeda y Hezbolá. Los servicios de inteligencia estadounidenses, se escribió, tenían ubicadas células de esas organizaciones en la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, convertida en ese entonces en un centro de operaciones terroristas, guerrilleros y espías.
En la edición de otoño de 2012 de Global Security Studies, una publicación académica especializada en temas estratégicos e internacionales, Dawn Bartell y David Gray escribieron un ensayo donde señalaron que tanto Hezbolá como Al Shabaab, que está vinculada con Al Qaeda, se habían infiltrado en México, donde estaban recibiendo entrenamiento de asimilación cultural y lenguaje, y habían establecido una “relación de conveniencia” con los cárteles de la droga mexicanos, que estaban ayudándolos a introducir ilegalmente a sus miembros a Estados Unidos para recolectar fondos y reclutar terroristas. “Hezbolá ha operado en América del Sur y América Central por décadas, junto con su algunas veces rival Hamas”, apuntaron. “Ahora, el grupo está metiéndose a comunidades shiitas musulmanes en México, incluido Tijuana”.
La preocupación estadounidense sobre la vulnerabilidad que representa México en el tema del terrorismo lleva largo tiempo. Robert Mueller, quien es el responsable actual de investigar la presunta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, advirtió, en un testimonio en el Congreso en 2006, cuando era director del FBI, que “hay personas de países con conexiones a Al Qaeda que están cambiando sus apellidos islámicos a hispanos, con falsas identidades, aprendiendo a hablar español y pretendiendo ser inmigrantes hispanos”. En 2012, el exjefe de Operaciones de la DEA, Michael Braun, confirmó la vinculación de Hezbolá con los cárteles de la droga mexicanos y dijo que habían logrado tener rutas de transporte criminal y contrabando bien establecidas entre México y Estados Unidos. Y el año pasado, Michael Flynn, exjefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y el primer consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, confirmó en una entrevista con el portal Brietbart News la relación de grupos terroristas con los cárteles, y que la Patrulla Fronteriza tenía fotografías que aportaban evidencia de las rutas por las que estaban entrando en Texas.
La preocupación estadounidense sobre este tema no había pasado de mantener bajo estrecha vigilancia lo que sucedía en México. La dinámica cambió en el último mes en Washington luego de aparecer un reporte en la prensa de que el gobierno del presidente Barack Obama había detenido todas las investigaciones contra Hezbolá, que formaban parte del llamado Proyecto Casandra, a fin de allanar el camino para un acuerdo nuclear con Irán. El nuevo equipo formado en el Departamento de Justicia retomará las investigaciones suspendidas para profundizar las acciones de Hezbolá con el narcotráfico y lavado de dinero.
Los dos temas son vistos por el gobierno de Trump como un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. La prensa ha mostrado sistemáticamente las fallas en la estrategia del combate a las drogas en México, a lo que se le han sumado críticas sobre la deficiencia para frenar el lavado de dinero. Un informe de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera, una organización que establece estándares internacionales, dado a conocer a principio de este año, señala que aunque ha habido mejoría desde 2008, cuando lo evaluaron por última vez, no ha sido suficiente para enfrentar actividades del crimen organizado, extorsión o corrupción. De hecho, hasta muy recientemente la PGR asumió el lavado de dinero como una prioridad, por lo que no se le investigaba de manera sistemática.
Las fallas institucionales mexicanas tienen también dosis de negligencia, que ahondan la debilidad de México ante situaciones extraordinarias, como las anunciadas por Sessions.
Twitter: @rivapa
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