Oaxaca de Juárez, 30 de abril. Se destapó la cloaca en Sinaloa. El golpe contra altos funcionarios estatales cómplices del narco vino de los gringos. Mejor eso que el silencio cómplice de los guindas en casos que involucran a morenistas destacados.
Rubén Rocha Moya traía en el pecho la etiqueta de “narco-gobernador”. Basta recordar que Ismael “El Mayo” Zambada lo consideraba su “amigo”.
La acusación contra el gobernador de Sinaloa comenzó a tejerse el julio del 2024, cuando “El Mayo” acudió a una reunión con Los Chapitos a la que estaba invitado el gobernador de Sinaloa, según la versión del narcotraficante.
Ese cónclave terminó con el secuestro de Zambada, el asesinato del ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, y el montaje atribuido a la fiscalía estatal de Sinaloa de que esto último sucedió en una gasolinera.
Elementos había para que la FGR abriera una carpeta de investigación. No lo hicieron. Sinaloa hirvió, pero Rocha siguió en Palacio de Gobierno como si nada.
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En Morena están furiosos y desconcertados. No saben cómo responder. Repiten que “no hay pruebas” de complicidad el narco con el gobierno de Sinaloa. Tarea difícil. Defienden lo indefendible.
Gente seria, como el diputado Ricardo Monreal, afirma, incluso, que se trata de un “asunto político”.
Los reporteros en San Lázaro intentaron repetidamente que el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro dijera que Rocha “no esta solo.” No lo lograron.
Otros morenistas hablan de un “complot” de la derecha internacional, o de un ”ataque político” de Estados Unidos en contra de la cuatroté.
El propio Rubén Rocha subió a su cuenta de X un mensaje en el que rechaza “absoluta y categóricamente” las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Dice la acusación de esa Fiscalía:
“Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el Cartel (de Sinaloa) se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”.
En su mensaje en X, el mandatario estatal no sólo rechaza los señalamientos, sino que dice:
“Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a los mexicanos que representamos esa causa…
“A los sinaloenses les digo que, con el valor y dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, puntualizó.
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El trancazo estaba anunciado. No sólo salpicó al gobernador Rubén Rocha Moya, sino también al senador Enrique Insunza; a Enrique Díaz Vega, ex secretario de finanzas.
Al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; al ex jefe de la policía de investigación de la fiscalía, Marco Antonio Almanza.
Al subprocurador del estado, Dámaso Castro; al ex secretario de seguridad pública, Gerardo Mérida Sánchez; al ex comandante de la policía de Culiacán, José Antonio Dionisio Hipólito.
Al también ex jefe de la policía de investigación de la Fiscalía estatal, Alberto Jorge Contreras Núñez; y a Juan Valenzuela Millán, comandante de policía y operador de Los Chapitos.
Platiqué el martes pasado con el senador Insunza, antes de que apareciera en la lista de extraditables. El tema, ese día, era Maru Campos y los agentes de la CIA.
Defendió con énfasis el principio de soberanía nacional, invoco el artículo 40 e la Constitución y se fue duro contra la gobernadora de Chihuahua.
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Los gringos quieren la detención de estas diez personas. Piden su extradición a la cancillería mexicana.
La propia SRE sacó un comunicado en el que reveló que desde el martes 28 de abril, a las 18 horas, se recibió la solicitud de extradiciones del gobierno de Estado Unidos.
En otras palabras: la presidenta Sheinbaum ya estaba enterada de lo que se venía. Nada dijo al respecto en la mañanera, a más corta de que se tenga memoria. Poco después estalló el escándalo.
De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición, la cancillería de Roberto Velasco turnó la información recibida de EEUU a la FGR “para que evalúe dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”.
La FGR acusó recibo poco después. El Fiscal Especial para Asuntos Relevantes, Ulises Lara, confirmó que se iniciará una investigación para conocer si existen datos de prueba que fundamenten la solicitud de las autoridades estadounidenses.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que su país continuará trabajando en estrecha comunicación con las autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad.
Pero advirtió: “La corrupción que facilita el crimen organizado en ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”.
FIN
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