Oaxaca de Juárez, 11 de diciembre. La corrupción de Javier Duarte de Ochoa y su grupo han dejado una huella social difícil de ignorar en Veracruz. Al asombro que causa el cinismo con el que se desviaron miles de millones de pesos del erario estatal, se suma la frustración por la escuela que no fue rehabilitada, el puente que ya no será construido, la carretera que quedó abandonada o la obra de drenaje que nunca se instaló debido a que el recurso fue a dar a alguna cuenta bancaria de la mafia veracruzana.
Las cinco cuentas públicas correspondientes al gobierno de Duarte (de 2011 a 2015, la sexta y última se dará a conocer hasta el año próximo) revelan con exactitud el monto del “daño patrimonial”, término que se le asigna al recurso que fue desviado y del que no se sabe su destino, sino que se detallan las obras y acciones que dejaron de hacerse a causa de dicho ilícito.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) contabilizó un faltante por 10 mil 358 millones de pesos durante los primeros cinco años del gobierno de Duarte, hoy prófugo de la justicia. El año de mayor saqueo, de acuerdo con los documentos del ente estatal, correspondió a 2015, cuando se diagnosticó un “daño patrimonial” por nueve mil 231 millones de pesos.
La dependencia que aparece con más frecuencia en los expedientes negativos de la Cuenta Pública de Veracruz es la Secretaría de Infraestructura, que desde marzo de 2013 es dirigida por Tomás Ruiz González, quien también fue presidente del partido Nueva Alianza, director de la Lotería Nacional, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), director de Banobras y secretario de Finanzas en el arranque del gobierno duartista.
En 2012, la Secretaría de Infraestructura presentó desvíos por 44.6 millones de pesos, lo que afectó la realización de 17 obras; en 2013 se detectó un daño patrimonial por 12.5 millones de pesos; en 2014 el desfalco fue por 14.5 millones en deterioro de cuatro obras, y en 2015 el faltante fue de 40.3 millones, en perjuicio de 19 obras.
En conjunto, durante los primeros cinco años de la administración de Javier Duarte, la corrupción obligó a la cancelación de 12 proyectos para la construcción de caminos rurales, la suspensión de 11 puentes, el abandono de 11 proyectos para ampliar la red de distribución de agua potable, la cancelación de ocho obras para dotar de drenaje a zonas urbanas del estado, la postergación de ocho programas de pavimentación, ocho proyectos para tratamiento de agua, cuatro obras deportivas, cuatro obras viales y dos obras de electrificación.
Otra de las dependencias que aparecen con mayor frecuencia en los desvíos de recursos documentados por el Orfis es el Instituto de Espacios Educativos, instancia creada en 2009, penúltimo año del gobierno de Fidel Herrera, y cuya misión es “construir más y mejores espacios educativos, contribuyendo así a la obtención de una educación de calidad en el Estado, así como administrar y aplicar los programas relativos a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios destinados a la educación”.
Más información en:http://www.ejecentral.com.mx/los-damnificados-de-duarte/
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