Oaxaca de Juárez, 15 de mayo. La protección política y legal que ha tendido el gobierno sobre Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de haber recibido ayuda de Los Chapitos, miembros del Cártel de Sinaloa, para ganar las elecciones para gobernador en 2021, a cambio de facilitarles sus actividades criminales, abre una puerta muy peligrosa para la presidenta, Morena y todo el movimiento obradorista, porque el partido en el poder podría ser declarado una organización terrorista. Y, con ello, los partidos de la coalición gobernante, los empresarios que aportan recursos, las empresas y bancos que tengan relación con Morena, serían cómplices y sufrirían las mismas sanciones.
El planteamiento tiene como fundamento la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril (se puede leer en español en esta liga: https://shorturl.at/Y8wZz), donde se señala que Los Chapitos movilizaron a sus sicarios para que robaran urnas, secuestraron e intimidaron a los candidatos de oposición, a cambio de garantizarles “impunidad” en Sinaloa, nombrar en puestos a personas que les indicaron y recibir protección para el tráfico de drogas. La acusación establece la relación de Rocha Moya con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tiempo antes del proceso electoral, que es la parte central de su primera imputación.
La acusación es más grave de las que en años previos formularon en Estados Unidos contra algunos exgobernadores mexicanos y contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, porque lo que describe no son actos individuales, sino toda una operación del gobierno estatal al servicio de Los Chapitos que, además, se encuentra dentro de un nuevo paradigma: la designación de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas extranjeras, que tiene implicaciones significativas para terceros, incluido Morena.
Existe un precedente histórico en España, con el partido Batasuna, que había sido parte de la coalición Herri Batasuna en el País Vasco y que fue ilegalizado en 2003 al aplicarse la Ley de Partidos, luego que el Tribunal Supremo determinó que era el brazo político de ETA, la organización separatista señalada como un ente terrorista. Tras ese fallo, el gobierno de Estados Unidos, que había designado a ETA una organización terrorista en 1997, agregó a la lista a Batasuna. El Departamento de Estado la mantuvo en la lista hasta su disolución en 2013.
La acusación contra Rocha Moya y nueve sinaloenses involucra a todo el aparato del régimen, aunque en el pliego sobre el cual pidieron su captura con fines de extradición, cuidan de no ahondar en Morena ni en la persona que, por dedazo, lo designó candidato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Morena es el elefante en la sala de la imputación, no solo porque el aparato del partido fue instrumental en la elección, sino porque puede establecerse una correlación de complicidad con los sicarios de Los Chapitos, quienes actuaron en paralelo al no sufrir ningún candidato de Morena ni promotores de voto agresión del Cártel de Sinaloa, y por la forma como se validó la elección.
Las denuncias que se presentaron en su momento, registradas también por el Instituto Nacional Electoral, incluso la petición de anulación, llegaron al Tribunal Electoral de Sinaloa, que las desestimó porque, afirmó, no afectaban el resultado de la elección. La magistrada que presentó el dictamen de validación de la elección de Rocha Moya fue Aída Inzunza, hermana del senador Enrique Inzunza, uno de los 10 sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia. Teóricamente, Morena, al menos en Sinaloa, podría perder el registro como partido, porque una de las tres razones para tomar esa medida –que nunca se ha aplicado–, es incurrir en violaciones graves, reiteradas y sistemáticas de la ley electoral.
Las denuncias presentadas en 2021 nunca pidieron la cancelación del registro. Pensar en algo así parece inútil. Si en el pasado, con órganos electorales autónomos, no sucedió, ahora, donde ya no existe autonomía sino colonización, no hay independencia de magistrados y consejeros, sino subordinación; y existe un Poder Judicial a la medida del régimen, es imposible.
Pero la cerrazón en México no evita la posibilidad de que, de mantenerse la protección política y jurídica de Rocha Moya y los otros nueve co-acusados, Estados Unidos decida dar un nuevo paso, quizás no ahora, sino más cerca de las elecciones intermedias del próximo año. En este mapa, los riesgos son muy altos para quienes en unas semanas sean nombrados como los representantes de Morena para defender al régimen en los 17 estados donde habrá gubernaturas, y para los partidos coaligados, el Verde y el PT, porque serían automáticamente cómplices de una organización terrorista.
Morena se encuentra en ese umbral, aunque, objetivamente hablando, no parece ser un escenario próximo. El gobierno de Estados Unidos está apretando al gobierno a actuar, pero como demuestra la acusación del Departamento de Justicia, sigue buscando que quien tome la iniciativa y actúe sea la presidenta Claudia Sheinbaum. Solicitar la extradición fue abrirle las condiciones para que, de manera soberana, tomara la decisión de capturar a los 10 sinaloenses, conforme al Tratado de Extradición, esperar las pruebas que corresponden a ese segundo tiempo procesal y que un juez, primero, y después la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinaran si lo que aportó Washington justificaba la extradición.
Sheinbaum habría ganado tiempo dentro de la ley para ir abriendo espacios en México dentro del obradorismo y evaluar la siguiente decisión. Sin embargo, hizo lo peor posible, en términos legales: exonerar a Rocha Moya y a los otros nueve co-acusados y decidir, cuando menos hasta este momento, que no los extraditará. No se arropó en los tiempos legales, sino que se fugó hacia delante, acusando una conspiración internacional que quiere acabar con su gobierno. La victimización es una estrategia, pero en este caso juega con fuego. El señalamiento del Departamento de Justicia no toca a su gobierno; ni siquiera al de López Obrador. Es muy específico en Sinaloa.
Pero el problema de fondo no es jurídico, sino político; y no es local, sino nacional. La escalada de esta semana desde Washington es el termómetro del enfado del gobierno de Estados Unidos. La acusación se centró en la elección de 2021, donde Morena aparece en la tramoya de la estructura político-criminal en Sinaloa. Para medir su alcance tiene que verse el contexto geopolítico: el realineamiento de gobiernos afines a Trump, con muy pocos fuera de su órbita ideológica, como México. Morena, en esta línea de pensamiento, es un estorbo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
X:@rivapa
Compartir
