San Raymundo Jalpan, Oax. 16 de agosto. La LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca pide a autoridades federales y estatales su intervención para colaborar en la solución del conflicto que existe desde hace dos décadas entre la comunidad de Capulálpam de Méndez, perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez, y la compañía minera La Natividad S.A. de C.V.
El llamado es para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las Secretarías de Economía y de Gobierno del Estado de Oaxaca, para que vigilen el cumplimiento de la sentencia dentro del juicio de amparo que la comunidad obtuvo a su favor en 2020 y demás procesos jurídicos en materia ambiental que deriven.
Asimismo, el Congreso local pide a las autoridades que soliciten a la empresa mencionada exhiba ante las autoridades comunitarias y ambientales las concesiones vigentes, permisos y autorizaciones con las que cuenta.
Lo anterior, debido a que con el amparo promovido en 2015 por esta comunidad de la Sierra de Juárez, un juez federal decidió en 2020 cancelar las concesiones mineras que han sido motivo de disputa.
La diputada Melina Hernández Sosa, promovente de este exhorto, señaló que pese a dicha resolución, la compañía minera actualmente se encuentra en operaciones, haciendo caso omiso a la resolución dictada, por lo cual pidió la intervención de los gobiernos federal y estatal.
El dictamen aprobado con 28 votos a favor, señala que la minería ilegal en Oaxaca provoca la degradación significativa de los ecosistemas locales, deforestación, contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad, ya que los químicos tóxicos utilizados en el proceso de extracción, como el mercurio y el cianuro, se filtran en las fuentes de agua, afectando no solo a la fauna y flora, sino también a las comunidades humanas que dependen de estos recursos.
“Las comunidades locales, muchas de las cuales son indígenas, a menudo se ven desplazadas de sus tierras ancestrales y enfrentan conflictos por el control de los recursos. La falta de regulación y supervisión facilita la explotación laboral y la violación de derechos humanos. La economía local, en lugar de beneficiarse de la minería, se ve afectada negativamente debido a la destrucción de otros medios de vida sostenibles, como la agricultura y el turismo ecológico”, se explica.
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