Oaxaca de Juárez, 5 de abril. Las calles de Lima amanecieron semivacías este martes, con los comercios cerrados, casi sin transporte público y las clases suspendidas, por un toque de queda diurno impuesto por el gobierno peruano del presidente izquierdista Pedro Castillo para contener protestas.
Patrullas militares custodiaban avenidas y puntos estratégicos de la capital peruana y del vecino puerto del Callao, donde viven 10 millones de personas, buena parte de las cuales se ganan la vida de manera informal, por lo que el toque los deja sin ingresos.
Los limeños fueron sorprendidos por la medida, anunciada minutos antes de la medianoche del lunes por Castillo por televisión, pues los disturbios del lunes habían sido focalizados y los más graves tuvieron lugar en provincias, no en la capital.
Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (…) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (…), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana», dijo Castillo.
La medida, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, no era respetada por la mañana por muchos limeños que debían ir a sus sitios de trabajo, en hospitales u hoteles, pero los infractores no eran molestados por los militares ni policías. El mayor problema era la carencia de autobuses públicos.
«Fue una medida muy tarde e improvisada», se quejó a la AFP Cinthya Rojas, una nutricionista de un hospital que esperaba pacientemente en una parada de buses en el municipio del Agustino, al este de Lima.
En el distrito turístico de Miraflores muchos empleados llegaron por diversos medios a los hoteles donde trabajan, pagando taxi o caminando. Otros pudieron usar el tren elevado urbano, que atraviesa Lima de norte a sur pero lejos de la costa, y que seguía operando.
Una empleada del Hotel Selina de Miraflores contó a la AFP que había pagado 30 soles (ocho dólares) para llegar a trabajar desde su hogar en la Villa El Salvador, en el extremo sur de la ciudad.
En duda partido de Flamengo
Un partido de fútbol de la Copa Libertadores entre el club peruano Sporting Cristal y el brasileño Flamengo, programado con público para la noche de este martes en el Estadio Nacional de Lima, estaba en duda.
«Estamos a la espera de lo que diga Conmebol, pero lo que tenemos claro es que dice el gobierno que no se debe llevar el partido», dijo a la AFP la gerente de comunicaciones del club limeño, Romina Antoniazzi.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron el lunes en diversas zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses.
Las protestas fueron gatilladas por las alzas de los precios de los combustibles y alimentos.
«Hago un llamado a la calma, a la serenidad, la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley», indicó Castillo en su mensaje al país.
Repudio
Un maestro rural de 52 años, Castillo anunció el toque de queda una semana después de salvarse de ser destituido por el Congreso, donde los opositores radicales lo acusaron de «falta de rumbo» y permitir la corrupción en su entorno.
El toque de queda rige mientras la economía peruana busca dejar atrás los perjuicios causados por la pandemia de covid-19 y en coincidencia con el 30 aniversario del autogolpe de Estado perpetrado por el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.
«Toque de queda para restablecer el orden, medida autoritaria del gobierno de Pedro Castillo que demuestra ineptitud, incapacidad para gobernar. Es como terminar con los accidentes de tránsito prohibiendo la circulación de vehículos», dijo a la AFP el analista político Luis Benavente.
Alta desaprobación
En un intento de apaciguar los reclamos, el gobierno había eliminado el fin de semana el impuesto a los combustibles.
Además, Castillo decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a mil 25 soles (USD 277) a partir del 1 de mayo.
Pero la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país, consideró insuficiente el aumento salarial y llamó a sus afiliados a marchar el jueves.
Estas protestas son las primeras de amplitud contra Castillo, cuya desaprobación alcanza al 66%, según un sondeo de Ipsos de marzo.
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