Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Con las nuevas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, el recibo de un consumidor promedio en el Distrito Federal podría pasar de 250 pesos bimestrales a mil pesos en el mismo lapso de tiempo, es decir, un incremento del 300%.
De acuerdo con el dictamen de la legislación, los ajustes de las tarifas deberán realizarse en función de la inflación, pero también en función de los costos que tenga para el Estado llevar el agua hasta el usuario, según lo establece el artículo 236, fracción IV.
Para lograrlo, el capítulo VI señala la posibilidad de que los estados y municipios firmen un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua, que permita establecer criterios tarifarios del agua potable, pero también del alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas negras.
El artículo 250 de dicho capítulo indica que esta colaboración se regirá bajo los principios de autonomía, corresponsabilidad, solidaridad e igualdad, entre los distintos niveles de gobierno.
Sin embargo, en el siguiente artículo la ley condiciona la participación, ya que los gobiernos municipales o estatales que participen en estos convenios de colaboración, tendrán accesos a créditos, así como facilidades para acceder a los programas federalizados administrados por la comisión.
En entrevista con EJE CENTRAL, la diputada perredista, Aleida Alavez, señaló que estos convenios de colaboración van a tener las condiciones específicas que Conagua le impondrá al municipio para que las tarifas sean equiparables a lo que implica llevar el agua a cada región.
De esta manera, un habitante de la ciudad de México pagará mil pesos trimestrales en lugar de 250 pesos que venía pagando por su consumo de agua, para cubrir los costos que implica traer el líquido desde el Estado de México, a través del Sistema Cutzamala.
Alavez añadió que la iniciativa de ley “sugiere” firmar los convenios de colaboración y ajustar las tarifas, pero si no lo hacen entonces no habrá recursos suficientes, e incluso podrán aplicarse multas si no se cumplen las condiciones impuestas por el gobierno federal.
De igual manera, refirió que la redacción de la ley “es tramposa” y no menciona el tema de los subsidios para las familias de escasos recursos, eliminando así la ayuda gubernamental para aquellas familias que no pueden pagar el costo real del agua.
De igual manera, la legisladora perredista indicó que tampoco se menciona el tema de la calidad el agua y la frecuencia con que se recibe el agua, parta estimar las tarifas, pese a que en algunas zonas del Distrito Federal, por ejemplo, el agua se recibe en pipas, por “tandeo” o por medio de la tubería ciertos días de la semana.
Sin embargo, la iniciativa de la Ley General de Aguas sí establece –en su artículo 65-, la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios o estados, tales como extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.
Actualmente estos esquemas funcionan en Aguascalientes, Puebla, Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila, donde, a decir de los especialistas, las concesiones no han dado buenos resultados.
En cambio, las tarifas se incrementaron 8% después que las empresas privadas tomarán el control del agua, denunció Silvia Emanueli, miembro de la Comisión de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).
En conferencia de prensa, la activista refirió que la participación de la iniciativa privada también permite cortes al servicio de agua potable a aquellos que no pueden costear los precios, y cobra una cantidad considerable por la reconexión del servicio.
Pese a ello, la legislación permite y hasta impulsa la participación de las compañías privadas para asociarse con los gobiernos estatales y municipales para la distribución y cobro del agua.
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