En 18 entidades, el número de homicidios dolosos se elevó, y en 13 de ellos se supera la media nacional. Diariamente se registran 25.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que nos hace estar en peores niveles que Brasil –que en un año redujo su tasa en 10%–, y Colombia. Chile y Bolivia, a quien tanto hemos volteado a ver en las últimas semanas, tienen 2.7 y 6.3 asesinatos, respectivamente, por cada 100 mil habitantes. Los números han dejado de ser fríos, y las víctimas, como los menores de la familia LeBarón, ya tienen nombres y caras. El impacto emocional, por tanto, es mayor.
Zonas enteras se volvieron a calentar, como en Nuevo Laredo y la Frontera Chica, en Tamaulipas, el norte de Sonora, o surgieron puntos donde la violencia alcanza niveles de violencia y crueldad que nunca se habían visto, como en la Ciudad de México, donde los decapitados dejaron de ser excepción, y las mantas de criminales comienzan a abundar como mensaje a sus rivales o a funcionarios a los que acusan de haberlos traicionado.
Hay colonias o calles en la capital federal que se han convertido en puntos donde la recomendación es no caminarlas a ninguna hora, en lugares céntricos incluso, como cerca de la Embajada de Rusia, donde incluso se tuvieron que instalar botones de pánico públicos. Pequeños negocios en diferentes barrios han tenido que empezar a pagar derecho de piso a criminales, por primera vez desde que iniciaron sus operaciones.
El fenómeno de la violencia no tiene común denominador. Por ejemplo, el SNSP ubica a Sonora como el estado donde más se elevó el número de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2018 (48.2), resultado de la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es diferente a lo que sucede en Hidalgo, donde creció también esa tasa (48.1%), pero asociado de manera más clara con el robo de combustible.
El tercer lugar de mayor violencia es Nuevo León (40.4% el incremento), que responde a la lucha entre los grupos antagónicos que nacieron de la división de Los Zetas, el Cártel del Noreste y La Vieja Escuela, mientras que en Morelos aumentaron los homicidios dolosos 37.1%, como resultado de la pugna entre Los Rojos, que hasta hace poco dominaban el estado, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, y los grupos locales Los Tlahuicas y Los Mayas. En Tabasco, quinto lugar en incremento de ese tipo de delito (20.8%), disputan al estado los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de los remanentes de Los Zetas –que antes dominaban la plaza– y el Golfo.
Para nadie hay respuesta federal eficaz. Al contrario, la carta de impunidad a los cárteles de las drogas, oficializada con el discurso oficial de que no los van a combatir porque eso produce más violencia, lo único que ha probado, según las propias estadísticas gubernamentales, es que genera más violencia y más muertes. Los homicidios dolosos se elevaron 2.44% en los primeros 10 meses del año comparado con el mismo periodo del año pasado, que muestra su gravedad de manera más acentuada cuando se ve el total de víctimas: 28 mil 869 el año pasado, contra 29 mil 571 en los 10 primeros meses de este. La realidad se estrella con las palabras: este año será el más violento en la historia del país, incluidas sus guerras y revoluciones, si no se modifica la estrategia de entregarle el país a los cárteles.
La inacción está resultando tóxica. Desde 2015, cuando colapsó la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto –idéntica a la del presidente Andrés Manuel López Obrador– de no combatir a los cárteles de la droga, y se combinó con la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio, que fue la puerta giratoria por donde más de 11 mil delincuentes encarcelados salieron libres, el incremento en homicidios dolosos ha tenido una línea ascendente de 45 grados. Ese año la tasa de homicidios dolosos se situó en 20 mil 762, que subió a 32 mil 79 en 2017, y a 36 mil 685 al cambio de gobierno.
Los números van a subir. El gobierno de López Obrador está haciendo algo adicional pernicioso a lo que hizo el de Peña Nieto: redujo el número de carpetas de investigación. El gobierno de Peña Nieto entregó 29 mil 100 carpetas de investigación, según un análisis de la consultara GLAC, con base en las estadísticas del SNSP y del INEGI hasta octubre de este año. Hasta hace 22 días, el total de esas carpetas era de 24 mil 483; es decir, cuatro mil 617 carpetas menos.
Este hallazgo es inexplicable, salvo porque se encuentra dentro de la racional de López Obrador de no enfrentar a las organizaciones criminales. A no combatirlos se le ha añadido la variable de que los homicidios tampoco se están investigando. La procuración y la administración de la justicia están congeladas por diseño institucional, que proveyó un coliseo para los cárteles de la droga, donde luchan por ganar espacios territoriales a costa de sus enemigos y, de manera gratuita, del gobierno.
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