Oaxaca de Juárez, 15 de julio. ¿Qué hará Emilio Lozoya como parte del acuerdo con la Fiscalía General para aportar información sobre Odebrecht y la compra de Nitrogenados que realizó como parte del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto y director de Pemex? Primero reconocer que fue corrupto, para entonces tratar de limpiar su imagen, alegando que los beneficios no fueron para él, y quedar en libertad. En el proceso, disparar con escopeta para dañar la reputación de cuatro exsecretarios de Hacienda, dos exsenadores cercanos al expresidente Felipe Calderón, un gobernador de Morena y, para ayudar al fiscal general Alejandro Gertz Manero, sentar las bases para involucrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué tanto de ello podrá judicializarse? Difícil saberlo ahora, pero detonará un escándalo que empalmará con el proceso electoral de 2021.
La llegada de Lozoya a México ha levantado muchas expectativas, por creerse que es la piedra angular que descubra la estructura de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien junto con el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ha definido como las cabezas de la inmoralidad en el sexenio pasado. Lozoya presentó declaraciones escritas al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para negociar su libertad y la de su familia a cambio de información.
Sus declaraciones ministeriales salpicarán al PRI, PAN y Morena en diferente grado. En el caso de los partidos de oposición, la estrategia que empleará, según personas que conocen la negociación con la Fiscalía General, involucrará a Peña Nieto, a Videgaray, y hablará especulativamente sobre el posible conocimiento de lo que hizo el exdirector de Pemex de otros dos secretarios de Hacienda en la administración peñista, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
La Fiscalía General no tiene nada contra ellos, salvo lo que serán los dichos de Lozoya, pero políticamente ayuda a los objetivos del gobierno. Meade tiene potencial para ser candidato a la Presidencia en 2024, y González Anaya captura el imaginario al ser cuñado del expresidente Carlos Salinas.
Otro exsecretario de Hacienda está en el contexto político del proceso contra Lozoya, Ernesto Cordero. El exsecretario, expulsado del PAN, no está involucrado en las investigaciones –como tampoco Meade o González Anaya–, pero su nombre sirve con fines políticos, con el propósito de armar un caso con supuestos dichos de Luis Alberto de Meneses Weyll, quien era el director de Obedrecht en México, sobre dinero del conglomerado brasileño en elecciones. De Meneses Weyll identificó a Lozoya desde 2016, de haberle dado más de 10 millones de dólares para que le ayudara con contratos gubernamentales, pero a ningún otro alto funcionario.
El nombre de Cordero, de acuerdo con la estrategia política negociada con Lozoya, brincaría en la investigación que se quiere hacer contra los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, por presuntamente haber recibido dinero en pago por su apoyo para que se aprobara la reforma energética. Los tres fueron expulsados del PAN y son cercanos al expresidente Felipe Calderón, el enemigo más odiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La paradoja es que a Ricardo Anaya, que como líder del PAN empujó la expulsión, también quiere vinculársele en los pagos a panistas durante la negociación y aprobación de la reforma energética.
Los nombres de otros senadores brincarán en esta variante política del proceso judicial contra Lozoya. Uno es el del priista David Penchyna, quien hizo gran parte del trabajo de negociación con la oposición para lograr su apoyo en esa reforma, y el otro es Miguel Barbosa, quien en ese momento estaba en el PRD. A Barbosa, de acuerdo con el plan, lo involucrarán para luego purificarlo. La estrategia establece que Lozoya hablará de su conversación con el actual gobernador de Puebla en Londres, durante una visita de Estado en junio de 2015, donde le dice que su hermano fue adscrito a un área central de Pemex, como había solicitado, y le menciona que ya le envió dinero. Lo que se pretende es que Barbosa agradezca el trato a su hermano, pero niegue lo segundo, con lo que quedaría libre de sospecha de corrupción –no de influyentismo.
Las declaraciones de Lozoya le permitirían vengarse de Videgaray, ayudar a dañar la imagen del equipo hacendario en el sexenio de Peña Nieto, golpear a Calderón de cara a las elecciones federales del próximo año y, como ingrediente adicional, ayudar a Gertz Manero a cobrarle facturas a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La relación entre los dos es mala desde que inició el gobierno, y ha empeorado.
Nieto presionó recientemente a Gertz señalando que Lozoya estaba involucrado en el robo de combustible, y el fiscal respondió que el jefe de la UIF entrega casos judicialmente muy débiles. Política y mediáticamente, el exdirector de Pemex contribuirá en la embestida.
La intención es que Lozoya abra las imputaciones a los asesores de los líderes de los partidos del PAN y el PRD, en donde involucraría a Nieto, quien inició una investigación en su contra por corrupción como fiscal Especializado en Delitos Electorales, de donde fue cesado en medio de polémica y respaldado fuertemente por el PAN y el PRD.
El plan trazado por la Fiscalía para darle impunidad a Lozoya a cambio de que le ayude a construir un caso de corrupción contra panistas y priistas durante la administración de Peña Nieto se sostiene, hasta este momento, en los dichos y las promesas de Lozoya. Falta que sus dichos se judicialicen y resistan la respuesta de los imputados. Sólo entonces se verá la solidez de las acusaciones de Lozoya, y probaría que no se trató de una venganza, únicamente con fines políticos y electorales.
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