Oaxaca de Juárez, 26 de julio. El programa de escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) tiene por objetivo la mejora de la infraestructura escolar. Con una inversión de hasta 50 mil millones de pesos, esta iniciativa acompaña el debido cumplimiento del Artículo 3ro. Constitucional. La calidad educativa incluye una infraestructura escolar digna, favorable al logro educativo de los niños en México.
La mentira, el rumor y la desinformación han ocupado un rol protagónico en los más recientes acontecimientos de la coyuntura en México. Sin culpar necesariamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por servirse de estas herramientas, lo que me intriga aún más es: ¿Por qué están en posibilidad de hacer de dichos instrumentos canales tan efectivos de comunicación, en ocasiones mucho mejores que los del Estado mexicano? Su capacidad de acción, ¿qué dice de nosotros: de los padres y madres de familia, de los maestros y de la comunidad educativa en su conjunto?
Está comprobado la relación positiva entre infraestructura escolar y logro educativo. El programa de escuelas al CIEN, si bien es perfectible y amerita mucha mayor transparencia en su ejecución, resulta difícil imaginarlo como la punta de lanza para acabar con la educación pública en México, como la CNTE sostiene. Según ellos, la privatización del sistema educativo permitiría integrar a la lógica del mercado neoliberal a los niños de México. Así, como lo lee; parecería que retrocedimos 100 años.
Aquí viene la parte más creativa. El programa CIEN busca hipotecar la integralidad de las escuelas mexicanas, quedando como deudores los padres y madres de familia. Insisto: creativo, pero no por ello menos insensato.
Para Göbbels, “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Con el “Reich” en llamas y la “Wehrmacht” retrocediendo en todos los frentes, aún lograba que amplios sectores del pueblo alemán pensaran que la victoria era posible. Sin asumir que los detractores de la Reforma Educativa en México tengan que ver en lo más mínimo con este abominable personaje de la historia, algo aprendieron de sus métodos.
Escuchar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hablar de la privatización del sistema educativo o de la pérdida de derechos laborales de los maestros, me hace en ocasiones oscilar sobre la autenticidad de su ignorancia (¿de verdad no saben?) o de su convicción (creer a costa de lo que sea). Tanto la “vehemencia” al momento de argumentar de unos, como el oportunismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de los otros, hace vacilar a cualquiera sobre la perversidad de sus intenciones.
La rumorología en nuestro País es sumamente efectiva, ignoro las razones, aunque tengo algunas ideas.
Los lazos del corporativismo han demostrado su músculo en múltiples y diversas circunstancias. Sus tentáculos están presentes en los más recónditos rincones del País, “allá donde la civilización no llega” hay un maestro, un campesino, un telefonista afiliado a uno de los sindicatos que durante tanto tiempo han dado vida al sistema político mexicano. Los sindicatos de maestros representan uno de los gremios de mayor expansión tanto en el “ancien régime” como en la época de la alternancia. Sin importar el momento, el corporativismo funciona: para ganar elecciones, para dar gobernabilidad y hasta para “pasarse la voz” entre los agremiados.
No obstante lo anterior, ¿acaso no resulta arriesgado hacer del rumor nuestra mejor fuente de información, tratándose de nuestros hijos y alumnos? Es pregunta.
Si de privatización se trata, hace tiempo que el sistema educativo mexicano está privatizado. Hace tiempo que un servicio público sirve y se sirven intereses privados de él. Hace tiempo que el Derecho a Aprender de los niños de México quedó sepultado por intereses políticos, electorales y laborales.
Ahora bien, algunos argumentos en contra de la rumorología respecto del CIEN.
A inicios de noviembre de 2015, los gobernadores de la República y el Gobierno federal firmaron en Jojutla, Morelos, un Convenio de Colaboración denominado Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN). Dicho convenio, tiene por objetivo la “mejora, ampliación y equipamiento de escuelas en el País”.
La idea es original. Se trata de un crédito “puente” entre el Gobierno de la República y Banobras, por 4 mil 500 millones de pesos destinados a la infraestructura escolar. La Federación firma convenios con los estados, para que sean éstos últimos quienes comprometan hasta un 25 por ciento los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM), destinado a salud y educación.
Los contratos son celebrados entre las empresas constructores y los institutos de infraestructura física educativa locales. En ningún momento aparecen los padres de familia y directores como firmantes de ningún contrato. Todos los costos son solventados con recursos del FAM y en su caso del presupuesto del Estado.
A diferencia de lo que dicen los líderes de la CNTE, la escuela nunca es hipotecada. Para esto es necesario firmar un contrato de hipoteca y elevarlo a escritura pública y sólo el dueño del inmueble puede realizarlo. ¿Son los padres de familia los dueños de la escuela?
Por último, la autonomía de gestión señalada en el artículo 25 y 28 bis de la Ley General de Educación se refiere al derecho que tienen alumnos, maestros y padres de familia a involucrarse en la toma de decisiones, junto con los directores, en los asuntos de su escuela; en ningún momento dice nada respecto a corresponsabilizarse de asuntos de infraestructura y demás costos mediante pago de cuotas. Es mentira.
Que los detractores del proyecto de transformación educativa se sirvan de la mentira y el rumor para tratar de mantener sus viejas prebendas, es una cosa; pero otra muy distinta, es que nosotros nos prestemos a creerles. Ni siquiera la baja legitimidad del Estado mexicano justifica este hecho.
Que así sea.
Mexicanos Primero
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