Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. Ante la violencia desatada durante las marchas en las últimas semanas y la crítica por la inacción de la policía, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió con una estrategia ilegal e irresponsable, con la cual volvió a incumplir con su responsabilidad prima como autoridad: el uso de la fuerza, no para reprimir, sino para que, dentro de la ley, haga respetarla a quien pretenda violarla. Utilizó a civiles como carne de cañón contra los violentos para que suplieran el deber del gobierno. Y para que no hubiera daños en propiedad privada o inmuebles públicos, tapió con vallas de metal todo el Centro Histórico, afectando la vida económica, la libertad de tránsito y el orden público.
Esta solución no caminará en el tiempo. La forma como respondió a la crítica por permitir que grupos anarquistas realizaran desmanes, causaran daños y se adueñaran de las calles del centro, es insostenible. Utilizar civiles en lugar de policía para que enfrenten a los anarquistas o a quienes irrumpan con violencia en la vida cotidiana es un acto cobarde, no de gobierno. Pretender que con ese tipo de estrategia evitará que siga escalando la tensión y que las posibilidades de un enfrentamiento entre civiles y anarquistas crezcan con cada marcha, es ingenuo al dejar que el azar resuelva el dilema.
La idea para contener la violencia fue crear “Cinturones de Paz”, mediante una orden girada el martes a todas las dependencias capitalinas para que aportaran 300 trabajadores, vestidos con camisetas blancas, para que sirvieran de colchón entre los manifestantes, en este caso por la conmemoración de la matanza de Tlatelolco en 1968, y los grupos anarquistas. Ninguna fuerza pública mediaba entre ellos. Fueron personas no entrenadas para contener, a quienes se obligó a cumplir una función por la cual no fueron contratados. Peor aún, la disposición de Sheinbaum violó el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los trabajadores “ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas”.
Hubo golpes, algunos heridos y mucha suerte para las autoridades, porque los grupos de anarquistas que llegaron al Centro Histórico a cumplir con la agenda que sigue el anarquismo insurreccional desde hace 20 años, provocar y llamar la atención de los medios como forma de protesta contra el modelo económico global y neoliberal, no incluían su parte más experimentada –que se vio a plenitud en la violencia que desataron cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente en 2012–, ni tampoco su capacidad de ataque regular, que incluye bombas molotov. No está claro si a través de los vasos comunicantes de los anarquistas con miembros de los gobiernos de Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quienes comparten objetivos, hubo una negociación para que se redujera el nivel de violencia.
Utilizar a burócratas como escudo humano frente a los violentos, es idéntico a los escudos de mujeres y niños que utilizan los cárteles de la droga para impedir que sean atacados por la policía. A la utilización de civiles para cuidar que la policía no interviniera en su contención, que al final ese fue el resultado, se le agrega la forma como tapiaron las fachadas de comercios e inmuebles creando una trampa en la ruta por donde avanzó la marcha. Esto planteó un escenario de alto riesgo, producto de otra falla estratégica, al haber creado embudos para los civiles en caso de que hubiera estallado la violencia dentro de esos caminos de metal.
En la planeación de operativos donde el objetivo es dispersar a quienes violentan el orden público, nunca se les encierra para emboscarlos, sino se deja una puerta de escape, deliberadamente, para que por ahí puedan huir, reduciendo de esta forma el grado e intensidad de la violencia. Las autoridades capitalinas no hicieron eso, y levantaron muros de metal, prácticamente imposibles de saltar, con cordones de policías en las calles donde no se había tapiado con las vallas. Si no hubo consecuencias que lamentar, se debió a que los anarquistas no tenían la intención de escalar los enfrentamientos –como se puede ver al analizar sus comportamientos en otras marchas a lo largo de los años–, no como resultado de una buena estrategia policial.
Tapiar resuelve coyunturalmente, para Sheinbaum, el problema del vandalismo en comercios, pero no es una solución de corto, mediano o largo plazo. No puede recurrir al mismo ejercicio cada vez que haya marcha, porque como en el caso de los “Cinturones de Paz”, transferir a la sociedad una responsabilidad de gobierno, y pedirle indirectamente que sea ella la sacrificada porque la autoridad no quiere pagar costos políticos al tener que cumplir con sus obligaciones de ley, es insostenible. El pozo donde se ahogó el niño no se tapa cada vez que haya niños merodeando; se cancela y punto. En este caso, no se trata sólo de evitar que se dañen comercios sacrificando a comerciantes y consumidores, sino que se impida que terceros afecten sus derechos, su libertad y su vida cotidiana.
Sheinbaum tiene que dejar atrás sus dogmas de oposición y asumir los costos de gobernante. No es reprimiendo a quien violente la ley, sino aplicando la Ley. Para reforzar esa acción, el uso de la fuerza pública siempre debe ser opción, no para reprimir, sino para restablecer el orden de las cosas. Para eso existen protocolos para la policía y organismos de derechos humanos que pueden acompañarlos en sus tareas para impedir abusos, y trabajo de inteligencia. Por encima de ello se necesita actuar con responsabilidad y valor, dos cualidades de las que hasta ahora carece Sheinbaum.
Compartir
