Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública, para buscar la gubernatura de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto, que la seguridad pública pase a manos militares.
Hace poco más de dos meses, López Obrador le encargó a la Consejería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta, y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes. Los generales no ocultan su satisfacción porque creen es un cambio de óptica del Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas, porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad.
Una vez en el poder, ha hecho de ellas su pilar, trasladándoles responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice.
Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos. Siempre enfatizaron las simulaciones del gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo –otra violación constitucional que a nadie parece importarle– como sus comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo.
El momento más importante de este golpe al interior del gabinete fue el culiacanazo, el 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada, Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas.
Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional, y suele ser maltratado en las reuniones del gabinete de seguridad por los jefes militares, generales y almirantes, y por el general retirado, Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación, que de todo ese grupo, es quien peor relación tiene con él. Durazo lleva meses pensando en Sonora, y en menos de tres semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo relevará, pero junto con dos descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto.
El Presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la Policía Militar, el ente dentro de las Fuerzas Armadas, que hace cumplir con la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna. López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y que requiere varias reformas constitucionales, como el 21, que señala las instituciones de seguridad pública, y de la Guardia Nacional dice: “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección; que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y que generen y preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas, y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles.
El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el Presidente de la República, sino con López Obrador. Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el Presidente en otras áreas, quien está utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas.
Uno de ellos, lo más importante por su trascendencia, es la Fiscalía paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación, al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de inteligencia. Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, y es utilizada para judicializar sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez.
Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es sólo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal.
¿Qué quiere de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo por el poder y el dinero es efímero, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quién realmente se deben las Fuerzas Armadas.
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