La Jornada
Oaxaca de Juárez, 14 de diciembre. En Juchitán, San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, las tres comunidades oaxaqueñas de las que se expulsó a las empresas eólicas y en las no hay un solo aerogenerador, se viven hoy violencia y división comunitaria con tintes partidistas, impulsadas por el Estado y financiadas por las transnacionales, denuncia Rodrigo Flores Peñaloza, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Los tres niveles de gobierno tienen la presión de que las financiadoras de los proyectos eólicos ya han perdido demasiado dinero”, abunda el defensor del territorio.
Mientras en Juchitán hay un proceso de consulta “amañado”, en San Dionisio del Mar se pretende imponer a autoridades afines a los partidos políticos y en San Mateo se dividió la asamblea comunitaria, explica el activista, quien ha sido amenazado por los líderes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), que ahora opera del lado de las empresas, explica.
“Hay un ambiente hostil y represión; lo que tratarán de manejar ahora es que son conflictos internos”, pero se trata de una estrategia del Estado para imponer los proyectos, sostiene el activista. “No es fortuito” que los ataques en Juchitán y San Dionisio se den en un lapso tan breve, explica.
Consulta, “para lavar la cara a las empresas”. Desde principios de los años noventa, las empresas eólicas se instalaron en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. El 8 de mayo de 2013, el secretario de Turismo del estado, José Zorrilla Diego, anunció la cancelación del proyecto de Mareña Renovables en la barra de Santa Teresa, después de un año y medio de oposición de las comunidades. Poco después, el gobierno estatal aseguró que Mareña invertirá en otras zonas del Istmo. Los comuneros advirtieron entonces que la empresa española Iberdrola compró acciones y anunció que invertiría en proyectos eólicos en la región, sin precisar dónde.
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El proyecto en San Dionisio está suspendido legalmente por orden de un juez, y los comuneros pusieron una demanda ante el Tribunal Agrario para que se anule definitivamente el contrato, pero los habitantes no confían en el gobierno.
En enero de 2014, la activista Bettina Cruz alertó que se intenta instalar en Juchitán un proyecto de una empresa llamada Eólica Sur, que resulta ser Mareña Renovables. “Tiene el mismo número de generadores y la misma capacidad, pero ahora bajo otro nombre”, aclara Flores Peñaloza.
La consulta que en estos días se lleva a cabo en Juchitán es parte de la estrategia de los tres niveles de gobierno para imponer el nuevo proyecto eólico, considera el activista. “Es una careta de que se está haciendo una consulta previa, libre e informada, según ellos siguiendo los estándares que marca el convenio 169 de la OIT”, explica.
A inicios de año, el cabildo juchiteco decidió que no se aceptaría ningún proyecto si no se realizaba una consulta bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Inició entonces la “simulación de consulta”, señala Flores Peñaloza. La Secretaría de Energía (SENER), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI) y el gobierno de Oaxaca iniciaron la preparación del proceso pero apoyados en propietarios de la comunidad de El Espinar, que ya habían accedido a vender sus terrenos, y en líderes coceístas.
Del 2 al 4 de noviembre se desarrollaron las primeras reuniones para diseñar y acordar el protocolo. La APIIDTT −después de un fuerte debate interno− decidió participar y vigilar el proceso, sin embargo, denuncia Rodrigo Flores, la consulta no es “ni previa, porque ya hay 17 proyectos instalados; ni libre, ni informada; al contrario, es dolosa”. Antes de la primera reunión pública, explica, ya estaba hecha una propuesta elaborada por las instancias de gobierno erigidas en un Comité Técnico, “que decidió todo el proceso”.
El 3 de noviembre, la APIIDTT cuestionó el actuar de los operadores coceístas de la empresa. Desde ese momento, “inició el ambiente de linchamiento político contra la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y contra nosotros”, explica Flores Peñaloza, quien fue amenazado de muerte por un pistolero. Además de la presión permanente contra la comunidad autónoma de Álvaro Obregón−antes una agencia de Juchitán− y las amenazas, se ha registrado quema de ranchos de los opositores al proyecto eólico.
El papel de la COCEI, o lo que hace el poder. El protocolo de consulta se aprobó a todo vapor, con asambleas copadas por personas “de colonias populares llevadas por la COCEI con la consigna de votar a favor”, lamenta el activista. Actualmente, la consulta se encuentra en la etapa informativa, pero las agresiones “cuestionan su carácter libre y ponen en riesgo la legitimidad de la decisión que se tome respecto a la construcción del proyecto de la empresa Eólica del Sur”, sostuvo una comisión de organizaciones de derechos humanos observadora de la consulta, integrada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (ProDESC); el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Código DH).
Entre otras carencias, la comisión de observación de la consulta denunció que la traducción y la interpretación no se dieron de manera adecuada y que faltan mecanismos claros en la toma de decisiones, pues “la mayoría de las sesiones se definieron con una votación a mano alzada que permitió que algunos grupos llegaran al final de las mismas para votar y, de esta manera, lograran que el acuerdo de la sesión fuera favorable a sus intereses”, sostuvieron en un comunicado fechado el 5 de diciembre. “De igual forma, la falta de una definición clara acerca de quién está habilitado para votar se ha traducido en algunos episodios en que han votado personas sin estar inscritas en los grupos convocados para la Consulta… Tampoco hay claridad respecto a cómo se tomarán los acuerdos en las fases posteriores ni cuál va a ser el mecanismo que se utilizará para definir la postura de la comunidad frente a la implementación del proyecto eólico”.
En el frente ijkoot. En San Dionisio del Mar, la asamblea de la comunidad vive un permanente hostigamiento por parte de políticos priístas, como los diputados Samuel Gurrión y María Luisa Márquez. “Ellos impulsaron que se tumbara la elección de la asamblea y se tuvo que nombrar a un administrador. Trataron de imponer una nueva elección, y fueron a instalar el Consejo Electoral en Unión Hidalgo; ahora pretenden meterlo a San Dionisio”, relata el defensor del territorio. La asamblea del pueblo condenó el hecho, pues “están generando la violencia al interior de la comunidad”, y sostuvo que los partidos políticos “solamente nos dividen y son la punta de lanza para que los proyectos transnacionales eólicos y mineros se instalen en nuestro territorio”. El resultado de la agresión fue de varias personas heridas por balas, piedras y cohetones.
“Nosotros respondimos a la agresión con una marcha contundente, para exigir el retiro de los partidos políticos y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, relata Flores Peñaloza. A la violencia, “oponemos la organización, donde la asamblea es la máxima autoridad”.
“Éste es el ambiente en el que se mueven las empresas eólicas. Y por eso decimos que es una estrategia del Estado, impulsada por los tres niveles de gobierno, todos los partidos políticos y los líderes que hoy están al servicio de las empresas”, resume el activista. “Y no hay de otra mas que fortalecer la organización y forma de vida naturales, para llegar al mandar obedeciendo”.
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