Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Arrancó ayer el proceso electoral 2026-2027 en un ambiente de críticas cruzadas, actos anticipados de campaña, denuncias sobre el uso de programas sociales y desconfianza bien ganada.
No se necesita un sesudo análisis para afirmar que las autoridades electorales están al servicio del partido en el poder.
Lo vemos desde el 2024, cuando dieron luz verde al oficialismo para robarse la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (dos tercios), lo que ha permitido hacer de la Constitución lo que les da la gana.
Y es que con el 54% de los votos, tienen el 73 % de las curules.
Sobra decir que hoy no han movido un dedo para sancionar las acciones proselitistas anticipadas que con total descaro realizan los candidatos del oficialismo, pero también del PAN y el PRI.
Morena lleva la delantera de calle. Andy López Beltrán recorre Tabasco en busca del voto para ser diputado federal. Imágenes abundan pero en la herradura de la democracia se quedaron ciegos.
Tenemos también el caso de los candidatos a gobernador en cinco estados, que Morena disfrazó de “Cooordinadores de la Defensa de la Transformación”.
Ellos son Nora Ruvalcaba, Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, Campeche; Rosy Bayardo, Colima; Santiago Nieto, Querétaro; Imelda Castro, Sinaloa.
El colmo es el caso del senador de Morena Armando Ayala Robles, aspirante a candidato en Baja California, quien públicamente presumió que llevaba 75 días de campaña en Baja California.
En las elecciones del 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, ayuntamientos. En total más de 19 mil 600 puestos. Se espera un padrón de alrededor de 102 millones de ciudadanos.
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El banderazo de la elección lo dio el INE, con una acalorada sesión del Consejo General en la que destacó la autocrítica que hizo el consejero Arturo Castillo.
En las narices de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; y de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, el citado consejero dijo:
“El proceso electoral 26-27 es motivo de gran preocupación, al menos para mí. El contexto en el que comienza constituye, desde mi perspectiva, el escenario perfecto para una elección cuestionada”.
A esta advertencia su suman los atinados cuestionamientos que le hizo al Instituto:
“El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones. Ha renunciado a vigilar que los partidos se sujeten a los tiempos electorales, a evitar que partidos y gobierno se inmiscuyan en la organización y observación de las elecciones y a garantizar que sólo se cuenten los votos válidos.
“No porque desconozca la norma, sino porque renunció a vigilar eficazmente su cumplimiento.”
¡Tómala!
El tono de la consejera Carla Humphrey, esposa de Santiago Nieto, fue más suave.
Dijo: “La regla de oro de ese Instituto sigue intacta: certeza en la norma, imparcialidad en el arbitraje, integridad electoral, publicidad en cada decisión”.
Alito tomó la palabra. El tono fue duro:
“Es claro que Morena no respeta al INE. El gobierno menos. No respeta a sus consejeras y consejeros, y piensan que pueden mangonear al árbitro electoral y torcer las reglas a su favor para ganar las elecciones.”
Se quejó:
“Para la oposición y sus dirigentes existen censuras, medidas cautelares, persecución política y linchamientos mediáticos, mientras que para Morena hay tolerancia, permisos blindaje…”
En sentido opuesto, Ariadna Montiel, respaldó al INE y, para no variar, volteó al pasado:
“Durante años, los partidos del viejo régimen convirtieron al árbitro electoral en parte de sus estrategias. Por eso, no nos extraña que hoy un exconsejero electoral represente a un partido político”.
Hablaba, obvio, del ex consejero Marco Baños, hoy representante de Somos en el INE.
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Lía Limón está en problemas. La Auditoría Superior de la Federación señala que durante su administración como alcaldesa de Álvaro Obregón (2021-2024) hubo “compras simuladas” por más de 31 millones de pesos.
Sus funcionarios no pudieron acreditar ante la la Auditoría que los bienes adquiridos por esa cantidad realmente existieran o hubieran sido entregados.
La ASF detectó los hechos en la Auditoría número 657, relacionada con recursos a entidades federativas y municipios.
“Las operaciones fueron realizadas durante administración encabezada por Lía Limón, y ya forman parte de una denuncia ante la FGR”, puntualiza la Auditoría.
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Uno que anda muy contento es el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez. Y es que la última Encuesta Nacional de Victimización Sobre Seguridad Pública 2026 del INEGI, pone a su estado como el más seguro del país.
La percepción de seguridad alcanza un 71.5 % de la población. Es decir, siete de cada diez duranguenses se tienen seguros.
“En Coahuila la seguridad la trabajamos entre todas y todo. Por eso nos sentimos orgullosos de decir que somos el estado más seguro del país”, presumió el mandatario.
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