Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. La demanda de Pío López Obrador, hermano del Presidente, contra Carlos Loret, porque, alega, le provocó un daño moral y por lo cual exige una reparación de 200 millones de pesos, no va a llegar a ningún lado. Para que triunfara, tendría que convencer al juez de que la difusión de dos videos donde está recibiendo dinero en efectivo para campañas políticas de su hermano Andrés Manuel le afectó la vida y que el periodista actuó con dolo. Pío se declaró muy contento al terminar la audiencia, tras la cual le dijo a la prensa que probó su inocencia. No dijo nada más, ni tampoco le preguntaron de qué diablos estaba hablando.
Las diligencias se dieron por la demanda que interpuso en 2022 por la difusión de los videos dos años antes. Ni era el juicio, ni era el lugar para que respondiera sobre el destino del dinero que le dieron. Tampoco era el acusado, sino el acusador. Loret dijo que Pío admitió que sí era quien aparecía en los videos y que sí recibió el dinero que publicó, lo que tiene sólo relevancia para el periodista, que con ello demuestra que lo difundido era cierto. Sin embargo, esa declaración tiene una gran trascendencia y enormes alas para volar, en perjuicio del hermano del Presidente.
Si este país fuera de leyes, Loret y Latinus, el medio para el cual trabaja, tendrían que estar tranquilos, porque el fallo casi en automático tendría que salir a su favor. El daño moral no aplica. Por ejemplo, la denuncia del PAN y el PRI ante la Fiscalía de Delitos Electorales no procedió porque no se pudo documentar que el millón y medio que recibió Pío en un restaurante y en su casa fueran para financiar campañas de López Obrador.
Tampoco le afectó su negocio forestal, como declaró a Joaquín López-Dóriga en una entrevista en octubre de 2022. Más aún, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asignó 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de beisbol de las Guacamayas de Palenque, del cual Pío fue fundador y es directivo. A su hermano el Presidente todo le hizo lo que el viento a Juárez.
Sin embargo, si este país fuera de leyes, Pío debería ir a la cárcel junto con David León, quien le entregó el millón y medio de pesos en dos bolsas de papel estraza. León, que fue el director de Protección Civil al inicio del gobierno de López Obrador, en 2015, el año en el que se realizaron los videos, era un operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien, por razones de seguridad y para documentar que entregaba el dinero que le daban del erario con fines políticos –aunque fuera algo irregular e ilegal–, grababa de manera subrepticia las entregas de recursos, que es parte de la queja original de Pío, por haber dado a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas mediante una intervención privada.
En los videos, León no le puso una pistola en la cabeza a Pío para que recibiera el dinero, ni tampoco se apreciaba tensión en sus encuentros, sino todo lo contrario. Incluso, Pío le decía que su hermano estaba al tanto del dinero que le enviaba Velasco. No está claro por qué también lo incorporó en la demanda contra Loret y Latinus, salvo que lo hiciera responsable de la fuga de los videos –de la caja fuerte de una de sus oficinas– y su entrega a la prensa para hacerle daño a él y a su hermano. Sin embargo, como se explicó líneas arriba, no hubo daño moral.
Lo que sí se dio –de ahí lo importante de lo que mencionó Loret del testimonio de Pío–, es su reconocimiento de que recibió dinero en efectivo de procedencia desconocida, que pudiera entrar en la comisión de delito contemplada en el artículo 400 Bis del Código Penal, que tiene penas de cinco a 15 años de prisión y multas equivalentes de mil a 5 mil días de salario mínimo. El presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se persiguió porque nunca se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía General, ni ésta abrió una carpeta de investigación de oficio, que se circunscribió al campo electoral. Sin embargo, la prescripción del delito es de 10 años, por lo que todavía hay tiempo para proceder judicialmente.
Es ingenuo pensar que el fiscal Alejandro Gertz Manero actuará conforme a derecho, y desde que se dieron a conocer los videos, se ha buscado encubrir cualquier delito en el que pudiera haber incurrido Pío. Eso es lo que sucedió con una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aún bajo la dirección de Santiago Nieto, que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar el equipo de beisbol y sostener económicamente a su hijo, que estudiaba en Canadá.
La UIF también descubrió que su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante tres años, lo que generó inconsistencias en el SAT, que tampoco aclaró. Esa investigación no encontró transferencias a Pío, que todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo de procedencia sospechosa. Pese a las redes de vínculos y la información existente sobre sus movimientos financieros, Nieto cerró la investigación y lo exoneró.
La demanda de Pío, sin embargo, abre varias puertas al infierno hacia delante. El presidente López Obrador, que dijo ayer que la demanda era una pérdida de tiempo porque Loret, al que volvió a difamar, estaba protegido por los jueces, a quienes volvió a insultar, podría ser llamado a declarar, como en algún momento consideró Pío, para que diga qué destino tuvo el dinero que recibió, lo que también podría servir para denunciarlo en otro tribunal por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Pero esto tampoco sucederá, porque en este país la ley es laxa y discrecional.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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