Excélsior
Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Ayer decía que el gobierno federal tuvo la habilidad política para sacar adelante una Reforma Educativa en el Congreso, pero no ha sabido aplicarla en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, porque en esos estados una fuerza dominante del magisterio se ha opuesto a los cambios de manera violenta.
También decía que la dificultad que muestra el gobierno federal para enfrentar en sus bastiones a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —atrincherada en las secciones 14, 18 y 22 del SNTE— tiene mucho que ver con el estigma de la represión que el PRI carga sobre los hombros desde los tiempos en que era partido de Estado.
Si para cualquier gobierno municipal, estatal o federal en este país es un dilema sacar a la fuerza pública para imponer el orden, lo es más para un partido que llevó al poder a los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y LuisEcheverría, en cuyas biografías la palabra represión aparece con mayúsculas.
Pero si para el gobierno federal el recuerdo de la represión es algo que quiere evitar —al punto de dudar en usar la fuerza pública legítima—, para la CNTE ese recuerdo es una vacuna.
La organización magisterial, que desde hace años usa el chantaje para obtener concesiones por parte de gobiernos estatales y federales, ha logrado construir una imagen de sí misma como una fuerza que lucha por la justicia en favor de los pobres.
Con ello ha obtenido compañeros de viaje, como diversas organizaciones no gubernamentales, que no dudan en denunciar como “represión” las pocas actuaciones de la policía para hacer frente a los actos violentos de la CNTE, pero se hacen de la vista gorda cuando los profesores extorsionan a automovilistas en casetas de cobro o impiden la venta en centros comerciales o roban mercancía de camiones repartidores o destruyen bienes públicos y privados o lesionan a periodistas y les arrebatan su equipo.
Sin duda son condenables los métodos de la CNTE, pero hay que preguntarse quién les permite poner de cabeza la vida en ciudades como Morelia, Chilpancingo y Oaxaca. Y la respuesta no puede ser más que una: la autoridad.
Hasta antes de la Reforma Educativa, los estados tenían que lidiar solos con el problema, pues ellos eran los que pagaban la nómina, con base en una partida de fondos que llegaba desde la Federación.
Como dicho método se prestaba al chantaje —y al deterioro de la educación, por las constantes movilizaciones para forzar a los gobiernos estatales a cumplir sus condiciones—, la Reforma Educativa dispuso que la SEP pagara directamente. Y no sólo eso: que censara a los maestros para terminar con la práctica de crear plazas fantasma.
En los cuatro estados del sur del país, la CNTE boicoteó o limitó el censo y ha ejercido presión para que su propia cuenta de plazas sea la que se use.
Al entrar en vigor, este año, el cambio de patrón pagador —la SEP en lugar de los gobiernos estatales—, la CNTE incrementó su presión, al punto de paralizar las capitales de Guerrero y Oaxaca, y plantarse, hace unos días, en el Paseo de la Reforma.
Ante estas acciones, el gobierno federal ha optado por negociar con la CNTE en lugar de aplicar la Reforma Educativa en todos sus términos.
No lo digo yo, lo dice la organización Mexicanos Primero, que encabeza Claudio X. González.
“Nos parece increíble que las autoridades a nivel local y nivel federal, que están comprometidas y juradas a cumplir y hacer cumplir la ley, la violenten con tanta facilidad”, dijoClaudio X. González a Excélsior esta semana.
Al negociar con la CNTE, en lugar de aplicar la ley, el gobierno federal y algunos estatales “están boicoteando la reforma que promovieron, impulsaron y luego promulgaron”, dijo el presidente de Mexicanos Primero. “Hay un evidente rompimiento del orden jurídico, que lastima a la Reforma Educativa y también al Estado de derecho”.
En días recientes, hemos visto hechos increíbles que refuerzan a la CNTE en lugar de fortalecer los cambios legales que teóricamente se aprobaron para evitar que siga el deterioro de la educación.
Hemos visto a la CNTE venir a la Ciudad de México a negociar con las secretarías de Gobernación y Educación Pública el número de plazas magisteriales en Oaxaca —algo que, supuestamente, canceló la Reforma Educativa— y salirse con la suya.
Hemos visto al gobierno de Guerrero promover el intercambio de tres estudiantes normalistas acusados de robar un camión de Coca-Cola, que habían sido detenidos por la policía, por dos trabajadores de dicha empresa, secuestrados por los maestros.
Es triste decirlo, pero hasta ahora la Reforma Educativa les ha hecho los mandados a los maestros de Guerrero y Oaxaca, y también a muchos de Michoacán y Chiapas.
Y eso es porque piensan que nadie se atreve a meterlos en orden. Es decir, pueden faltar a clases para participar en movilizaciones en las que cometen delitos y no serán sancionados. No sólo eso: los premiarán, con cargo a los contribuyentes, justamente por hacerlo.
Sin embargo, todos los cántaros acaban por romperse a fuerza de ir al agua. El bloqueo que pretendían hacer maestros guerrerenses al aeropuerto de Acapulco el martes pasado fue desbaratado esta vez por elementos de la Policía Federal.
Quizá la obstinación de los manifestantes de la CNTE combinada con el hartazgo que ya demuestran muchos ciudadanos haya hecho caer en cuenta al gobierno federal que pierde mucho más cediendo ante el magisterio que cumpliendo estrictamente con la ley.
Pronto lo sabremos.
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