San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de agosto. Con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente la Fracción Parlamentaria de Morena propuso iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, con ello será obligatorio la clasificación de la basura, así lo dio a conocer el Coordinador de la bancada morenista Irineo Molina Espinoza.
Asimismo, informó que con la clasificación obligatoria de la basura se evitará la generación de contaminantes y gases de efecto invernadero por la descomposición de los residuos orgánicos, el adelgazamiento de la capa de ozono, la contaminación de los suelos y cuerpos de agua, la proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades, así como el encharcamiento en las zonas urbanas.
Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 2011 realizado por el INEGI, el 89% de los municipios no realiza una recolección selectiva y solo el 11% realiza una separación en orgánicos e inorgánicos, además, el 70% de la basura se recolecta, mientras el otro 30% se abandona en las calles.
Esta alarmante cifra, tiene un impacto visible en la entidad oaxaqueña, en donde los constantes y recientes problemas con la basura, es un problema latente que debe ser atendido con prontitud, añadió el también presidente de la Junta de Coordinación política Irineo Molina.
Con el manejo adecuado de los residuos sólidos urbano, además de proteger la salud, se reducen accidentes y enfermedades, se busca contribuir a garantizar el derecho humano al disfrute de un medio ambiente sano, manifestó Molina Espinoza.
“Proponemos que el tema de la recolección de los residuos sólidos urbanos, sea tratado con la firmeza y responsabilidad que amerita, lo que debe derivar en la generación de una cultura de la separación de los residuos y una recolección responsables, a través de sanciones claras tanto para los ciudadanos como para las autoridades ya que en la ley únicamente se contemplaban sanciones para los ciudadanos y no para las autoridades”.
Cabe destacar que en un plazo aproximado de tres años se debe de atender de raíz la problemática.
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