Oaxaca de Juárez, 30 de abril. Nadie debe llamarse sorprendido por el anuncio de ayer en Nueva York. El anuncio de la apertura de una acusación formal contra 11 funcionarios en activo y exfuncionarios, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez –su candidato a sucederlo el próximo año–, por su relación con Los Chapitos, era algo donde lo único sorprendente es que no fue antes. La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn junto con la DEA colocan, por primera vez en la historia, a un gobierno mexicano -en este caso estatal-, al servicio del narcotráfico.
Le han disparado un tiro al corazón del régimen obradorista que no creía que la relación de los políticos con el crimen organizado era una prioridad de la Administración Trump. En el primer capítulo de la historia que apenas comienza, acusó a la parte más alta de la estructura política y a todo el aparato de seguridad y fiscalías, de haber servido a los intereses de Los Chapitos. En el proceso están los dos políticos sinaloenses más importantes, el alcalde de Culiacán, el vicefiscal, los exsecretarios de Administración y Seguridad y varios exjefes policiales.
Las implicaciones son muy graves y delicadas, como también complejas de resolver para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el embajador Ron Johnson le pidió en enero que actuara contra políticos vinculados con el crimen organizado, para que no lo hiciera el Departamento de Justicia, y fue omisa. El jueves pasado, en Los Mochis, junto a Rocha Moya, Johnson anunció que pronto vendrían las acusaciones en Estados Unidos. Llegaron, y recuperando el tiempo perdido pidió su captura con fines de extradición. La cancillería y la Fiscalía General dijeron que no había pruebas, cayendo en el error de que el Tratado de Extradición no establece pruebas en este primer periodo procesal.
Esta acusación es una explosión de alcances inimaginables.
En la escalera del poder, arriba de Rocha Moya se encuentra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no es mencionado en la acusación (que se puede consultar en esta liga: https://shorturl.at/WiJQ9), pero tarde o temprano su nombre emergerá en la opinión pública, porque además de lo que están declarando los jefes del Cártel de Sinaloa ante las fiscalías, hay dos investigaciones abiertas contra él en Brooklyn. Para subrayar hacia donde apunta la luz, en el anuncio de ayer estuvo el director de la DEA, Terrance Cole, que estuvo en México cuando era presidente, y quien elaboró la primera lista con 35 políticos, mayoritariamente morenistas, vinculados con el crimen organizado.
El antecedente inmediato a la acusación en Nueva York es agosto de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada, días después de ser capturado por un comando estadounidense en Culiacán, lo imputó de estar coludido con el Cártel de Sinaloa y lo acusó de traición por aliarse con Los Chapitos. En lugar de tomar las cosas con la seriedad que ameritaba, y abrir una investigación para determinar responsabilidades, López Obrador lo protegió y corrió a Sinaloa para abrazarlo. Obligó a la presidenta electa a ir con él y a los gobernadores de Morena a publicar desplegados en su apoyo. Tenía que protegerlo: era su enlace con el Cártel de Sinaloa, que a cambio de dinero y apoyo de sicarios para inhibir elecciones, le dio amplios márgenes de operación a Los Chapitos.
No dijo la Fiscalía de dónde salió la información para abrir el proceso, pero no es difícil saberlo. Una fuente de inteligencia estadounidense dijo que la captura de Zambada había sido para que aportara información sobre la relación del Cártel de Sinaloa con el expresidente Nicolás Maduro, con lo cual se determinó su extracción de Venezuela. Pero también para llenar algunas lagunas sobre la relación de los cárteles con la clase política. Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, está colaborando con las autoridades estadounidenses, con información sobre esas relaciones y operaciones, que han terminado con detenciones y destrucción de laboratorios de fentanilo.
La acusación formulada es brutal: “Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el cártel… presuntamente protegieron a los líderes del cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas; ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales… que protegieran cargamentos de droga… en tránsito a Estados Unidos, y permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias. A cambio… recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”.
Sheinbaum no puede hacer lo que López Obrador: blindar a Rocha Moya y fingir que no pasa nada. Fue investigada por los servicios de inteligencia estadounidenses durante la campaña presidencial y no encontraron relación alguna con el crimen organizado, pero Rocha Moya se convirtió en una losa con la cual ha tenido que cargar, por compromiso heredado, y para evitar, como argumentan, que la acción en contra de un militante, sería reconocimiento de fracaso del régimen.
Esta protección es imposible de mantener tras lo que sucedió en Nueva York, salvo que la opción suicida fuera endurecer la posición con Estados Unidos y buscar alianzas con sus enemigos. No es el pensamiento de la presidenta, pero algunos en el ala dura de Morena piensan que es una alternativa. Están equivocados. Se acaba de demostrar. Ni cabezas frías, ni pensar que Trump no dañaría una relación comercial ni alteraría la frontera común, como argumentaban, es una defensa soberana. Aplicar la ley, como se lo pidieron por meses, es la solución.
Ya no lo hizo Sheinbaum, pero puede recortar las pérdidas. El problema es cómo. Una acusación tan grave inhabilita al gobernador, al alcalde y al senador. Deben entender que política y judicialmente están muertos y allanar una salida a la presidenta, al gobierno y al movimiento, renunciando y contratando abogados en Estados Unidos. La presidenta puede salir a decir públicamente, como lo hizo varias veces en privado, que quiere pruebas antes de proceder. Ganará algunos días, pero nada más. Si antes le dijeron que no se las podían dar por temor a filtraciones, ahora menos, que es una investigación en curso.
No es una decisión fácil la que tendrá que tomar en Palacio Nacional, porque la acusación contra Rocha Moya tiene fuertes repercusiones en Tlalpan y Palenque contra López Obrador, a quien se le había ido el miedo porque pensaba que Trump estaba demasiado ocupado con Irán, ignorando las voces de que si se había parado de la mesa, regresaría a terminar de comer.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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