Oaxaca de Juárez, 8 de julio. La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció una conferencia para dar a conocer avances sobre las investigaciones derivadas del secuestro y detención de Ismael ‘Mayo’ Zambada en julio de 2024.
En la explicación de las autoridades, salió a relucir el nombre de Ken Salazar, quien era embajador de Estados Unidos en México cuando ocurrió el hecho y, según las indagatorias, habría mentido al rechazar en su momento que alguna agencia estadounidense hubiera participado.
“Una columna vertebral del derecho internacional es la buena fe, no solamente como una conducta de naturaleza ética, sino que es una norma imperativa que tiene que prevalecer en todos los ámbitos de las relaciones internacionales.
“La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas. Este principio fue claramente violentado por el embajador Ken Salazar, porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses resulta falso de toda falsedad”, explicó Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.
Sin embargo, los fiscales de la FGR, entre ellos la titular general, Ernestina Godoy, coincidieron en que no podrá ser llamado Ken Salazar ni investigado por la inmunidad diplomática del derecho internacional.
¿Por qué protesta México por el caso Zambada?
El Gobierno de México mantiene su reclamo diplomático a Estados Unidos por la forma en que fue detenido Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, al considerar que su captura pudo haberse realizado al margen de los mecanismos de cooperación bilateral y con una posible violación a la soberanía nacional.
Desde que Zambada apareció bajo custodia de las autoridades estadounidenses en julio de 2024, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la administración mexicana ha insistido en que Washington explique con detalle cómo ocurrieron los hechos, luego de que el propio capo afirmara haber sido secuestrado en territorio mexicano y trasladado por la fuerza a Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el combate al crimen organizado debe realizarse mediante la coordinación entre ambos países, pero siempre con respeto al derecho internacional y a la soberanía de México.
Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación para esclarecer si se cometieron delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad o traslado ilícito de personas.
¿Por qué México reclama a Estados Unidos?
El caso ha generado tensiones diplomáticas porque las autoridades mexicanas sostienen que no fueron notificadas previamente sobre la operación que derivó en la llegada de Zambada a territorio estadounidense.
La FGR ha señalado que existen indicios de que el narcotraficante habría sido engañado para asistir a una reunión en Sinaloa, donde posteriormente fue privado de la libertad y trasladado en una aeronave privada hacia Texas. De confirmarse esa versión, México considera que se habría ejecutado una acción unilateral en su territorio sin autorización del Estado mexicano.
Un caso que impacta la relación bilateral
Además del proceso penal contra Zambada en Estados Unidos, el expediente se ha convertido en un tema de política exterior. El Gobierno mexicano busca conocer el grado de participación de las agencias estadounidenses y determinar si existió colaboración de funcionarios mexicanos.
El caso también ha provocado una nueva ola de violencia en Sinaloa, derivada de la disputa entre las facciones de ‘Los Chapitos’ y el grupo afín a ‘El Mayo’, lo que ha reforzado la exigencia de México para que Washington transparente las circunstancias de la captura y fortalezca la cooperación bilateral dentro del marco legal establecido entre ambos países.
El Financiefrop
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