Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. En octubre de 2016 se aprobó la Ley de Ingresos en el Congreso, que eliminaba los subsidios a la gasolina y contenía nuevos gravámenes para 2017 a los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios, conocidos como IEPS. En 2018, en la campaña de José Antonio Meade consideraban que esa medida, conocida como el gasolinazo, aniquilaría sus pretensiones presidenciales y regalaba a su rival, Andrés Manuel López Obrador, material para atacarlo y captar nuevos electores. Rocío Nahle había dejado clara la estrategia desde abril de ese año, cuando escribió en Twitter: “Reducir el IEPS para tener una gasolina más barata, buscar rehabilitar refinerías y rescatar el sector energético son parte de mis propuestas en mi proyecto sobre Energía”. Dieciséis meses de golpeteo contra el gasolinazo ayudó en las urnas. Lo que vino después fue irrelevante para millones de mexicanos.
El presupuesto para 2019, trabajado en conjunto por la Secretaría de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto y el equipo de transición del presidente electo López Obrador, mantuvo los IEPS, contrario a lo que había ofrecido, que no habría más gasolinazos. No impuso nuevos, pero mantuvo los vigentes. Este sábado, la Secretaría de Hacienda volvió a dejar sin estímulo fiscal a la cuota del IEPS, por sexta semana consecutiva a la gasolina Premium, y elevó el de Magna y Diesel. Simple. El IEPS, junto con las remesas, se ha convertido en el ingreso que ha permitido evitar una crisis económica al gobierno y darle márgenes de maniobra a costa de los consumidores.
Somos el octavo país que más gasta en gasolina, con 4.2% de gasto por ingreso por hogar, casi el doble de Estados Unidos (2.1%). El costo de la gasolina comparado con Estados Unidos es casi 20% más cara. Según los indicadores de globalpetroprices.com, el costo promedio del litro de gasolina, al 2 de septiembre en Estados Unidos, fue de 15.46 pesos, mientras que en México fue de 20.78 pesos –superior al costo en Canadá, Brasil, todo Centroamérica (menos Costa Rica) y todo el Caribe (menos Barbados). Esto se explica por el IEPS, que casi duplica el costo del combustible.
Los impuestos, el favor no solicitado que le hizo a López Obrador el gobierno de Peña Nieto, le han ayudado a sobrellevar fiscalmente la desaceleración y la caída en la demanda externa –salvo las exportaciones, que tuvieron un buen rendimiento por el tipo de cambio. Por eso el discurso oficial es ambiguo y escurridizo. No hay oficialmente gasolinazos, pero se mantienen los impuestos que así se definen. Los impuestos suben en términos nominales pero no reales, aunque la gente pague más por lo mismo.
El paquete económico para 2020 que entregó el domingo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso, incluye una actualización de los IEPS, con lo cual subirán los precios de refrescos y bebidas edulcorantes en general, y el tabaco. “Cuando Hacienda tiene emergencias, siempre recurre a esos impuestos”, dice el consultor Carlos Alberto Martínez, que trabajó en esa secretaría y en el Banco de México. La recaudación es el principal vector del paquete económico, dividido en dos grandes ejes.
El primero es el combate a la evasión, y aumentarán las sanciones –tipificarla como delincuencia organizada–, se trabajará para cambiar la percepción de que se puede defraudar al fisco porque las consecuencias son limitadas –o sea, que regrese el miedo al fisco–, y disminuir sustancialmente las condonaciones de impuestos. La segunda medida fortalece la recaudación, que se hará cobrando impuestos en la economía digital –aplicaciones como Uber, Airbnb o entrega de comida rápida–, servicios digitales prestados por residentes en el extranjero –como Google y Facebook–, pago del ISR por arrendamiento –casas, departamentos y locales pagarán impuestos–, retención del IVA a la subcontratación laboral, facilidades administrativas para los trabajadores informales –y captar también de ellos–, e incentivos fiscales a ejidos y comunidades.
El paquete económico prevé recaudar el próximo año poco más de seis billones de pesos, que es un incremento nominal de 5.4% con respecto a 2019. Si se tiene éxito, se habría recuperado la pérdida de recaudación tributaria de 7.5% en el primer semestre de este año, en comparación con 2018, por la caída en las captaciones del ISR, el IVA, y la desaceleración en los IEPS. Sin embargo, los instrumentos que le dan al SAT para alcanzar este propósito, parecerían ser insuficientes para poder seguir haciendo más con menos el próximo año, y alcanzar las metas planteadas en el paquete económico.
Varios de sus presupuestos están anclados en supuestos, como la expectativa de crecimiento, que se daría si se firma el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, o invierte el sector privado, que hasta hoy no tiene incentivos fuertes para hacerlo. La consultora Eurasia reportó esa cara de la moneda a sus clientes, al decir que el paquete es “demasiado optimista (la tasa de crecimiento está arriba de la estimada por los analistas privados del Banco de México, y la elevada plataforma petrolera) y muestra un lento relajamiento (la reducción de 1% a 0.7% del PIB del superávit primario)”, mientras se mantiene el gasto en las prioridades de López Obrador.
Una persona cercana al Presidente, involucrada en las negociaciones presupuestales, está escéptica de que alcance el dinero, y comparte la línea de pensamiento de que López Obrador tiene que aumentar impuestos. La mayoría de las personas que conocen o han observado al Presidente, piensa que eso no va a suceder. Pero hay realidades objetivas y urgencias. Como lo planteó esa persona, “de que haya dinero depende el futuro de la 4T, y el dinero sólo puede llegar de impuestos”. Será la lucha entre el López Obrador dogmático, y el López Obrador pragmático
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