Impuesto a venta de depas, ¿pero qué necesidad?
Rubén Cortés
Oaxaca de Juárez, 7 de diciembre. Al gobierno de la CDMX se le ocurrió con mal tino la impopular propuesta de cobrar un nuevo impuesto a los ciudadanos, en este caso a quienes vendan una propiedad: se le ocurre justo cuando Miguel Mancera estabilizó sus índices de calificación popular.
Traducido de los artículos, incisos y fracciones, la propuesta del gobierno al Proyecto de Constitución de la capital consiste en lo siguiente:
Un ciudadano compra un departamento en un millón de pesos. Después ese departamento incrementa el valor porque el gobierno reparó las calles y acondicionó el alumbrado público de la colonia. Si ese ciudadano vende la propiedad en más de lo que le costó, tendrá que pagar un impuesto.
Es cierto, la Constitución mexicana otorga esa facultad a la CDMX en el artículo 122: “Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo”.
Pero hacer uso de esa facultad en este momento de nuestra historia demuestra una notable falta de sensibilidad política porque:
1.- La gente vive una desesperante inquietud por lo que pueda significar para sus economías la próxima presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.
2.- La gente vive una palpable indignación por los casos de robo y saqueo de las arcas públicas en los que están envueltos políticos de todos los partidos.
3.- Las familias de la clase media son las que más perdieron en los últimos dos años por el débil desempeño de la economía y la nueva reforma fiscal.
Por tanto, era de esperar más de Morena que del gobierno de la CDMX una medida de corte chavista y en contra de la propiedad privada, como lo es, sin dudas, esta propuesta de cobrar un nuevo impuesto a los ciudadanos que vendan un departamento.
Vivimos en una sociedad capitalista, donde la Constitución establece que la propiedad de las tierras corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Y eso tiene un nombre: propiedad privada.
Añadiendo que el gobierno de la CDMX está obligado a realizar procesos de urbanización en el espacio público y edificable, a mantener adecuado funcionamiento del alumbrado público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, parte de lo cual lo realiza con nuestros impuestos.
Si se permite que un gobierno se apodere de los incrementos al valor del suelo, sería tanto como permitir una intervención del gobierno en el derecho a la propiedad privada. Y eso no se puede permitir bajo ningún concepto. ¡Por favor!
Ni que fuéramos comunistas.
Twitter: @ruben_cortes
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