Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. La parafernalia del Estado Mayor Presidencial (EMP) desapareció desde el primer día del actual sexenio, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue protegido por un grupo de militares de élite, quienes actúan de forma encubierta.
Operaciones en campo y el ciberespacio, análisis de riesgos, desde protestas hasta posibles atentados, seguimiento a la situación política y social de la entidad y la organización de operativos son algunas de las tareas que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realiza previo y durante las giras del mandatario.
El Presidente presume como uno de sus principales logros la desaparición del EMP, un cuerpo de élite que por casi 100 años cuidó a los jefes del Ejecutivo en turno y sus familias.
En reiteradas ocasiones, López Obrador ha señalado que su ayudantía, conformada por 15 hombres y mujeres, sustituye a los más de 8 mil militares, marinos y civiles que integraban el EMP.
“Eran ocho mil elementos del Estado Mayor, para los jóvenes, ocho mil elementos cuidaban al Presidente, era increíble”, dijo el 22 de octubre pasado.
Abundó que su ayudantía son “mujeres y hombres, y son profesionales, y son jóvenes (…) es como una pequeña escuela de formación de servidores públicos”.
Sin embargo, estos dichos contrastan con los correos y reporte confidenciales del Ejército, revisados por 24 HORAS, como parte de los más de cuatro millones de archivos hackeados por el grupo Guacamaya.
EJEMPLOS
Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo mando directo es el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, despliegan amplios operativos, con recursos materiales y humanos para proteger al Presidente en cada una de sus giras.
Uno de los ejemplos es la supervisión que López Obrador realizó a las obras del Tren Maya, el 2 de septiembre pasado en Campeche, en el que la inteligencia militar armó la logística y análisis de riesgo, cuyo documento se considera secreto y solo para conocimiento del secretario de Defensa y los altos mandos.
El archivo confidencial, que se considera de Seguridad Nacional y su divulgación completa podría ser causa de delito federal, contiene una descripción del campo político de Campeche en el que se da cuenta de que la gobernadora Layda Sansores, al pertenecer al mismo movimiento político del Presidente, ayudaría en lo que fuera necesario para garantizar la seguridad.
También contiene mapas, rutas, coordenadas y detalles técnicos del traslado en helicóptero que realizó el Presidente para supervisar el Tren Maya.
Debido a que el recorrido era vía área, en esa gira, la inteligencia militar no identificó puntos críticos que pudieran poner en riesgo la seguridad del mandatario y sus acompañantes.
El documento también identifica a los principales grupos del crimen organizado en Campeche y sus líderes, con fotografías y datos personales, además de la acotación que no representaban un riesgo para la gira presidencial.
Otra de las conclusiones del aparato de inteligencia militar, encargado de analizar los riesgos, indica que el titular del Ejecutivo mantiene una alta popularidad en la zona de Escárcega, Campeche, por lo que se preveía que las concentraciones de personas fueran para saludarlo e intentar interactuar con él, por lo que se recomendó a los elementos en campo; es decir, los militares encubiertos, que estuvieran atentos de cualquier manifestación en los alrededores.
El despliegue del Ejército para una gira del Presidente incluye personal de inteligencia para el seguimiento de movimientos sociales, identificación de líderes, así como despliegue de células del área de Comunicaciones Especiales, también encubiertos, para recabar cualquier tipo de datos que pudieran representar un riesgo para la seguridad, en especial en los lugares que recorrió a pie.
También, en cada gira presidencial se despliega un equipo táctico del Ejército, especialistas en manejo de Emergencias y desactivación de explosivos, así como efectivos del Centro de Operaciones del Ciberespacio, quienes monitorean las amenazas en redes sociales y páginas webs contra el Presidente.
El archivo confidencial señala que el Ejército se coordina con las áreas de seguridad de los estados, con el objetivo de que, en caso de ocurrir una movilización social, algún tipo de ataque o algún evento de tipo delincuencial en la zona donde se encuentre el mandatario nacional, las fuerzas armadas asuman el mando total y ordenen las acciones a seguir, tal como era la logística del Estado Mayor Presidencial.
Otro dato es que en las giras presidenciales el Ejército despliega a los llamados Órganos de Búsqueda de Información (Obis), que son militares que cumplen misiones de forma encubierta y tienen comunicación directa con los altos mandos.
Como referencia, en el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa se da cuenta de que la Defensa Nacional desplegó a Obis en Iguala, por lo que los soldados encubiertos siguieron y reportaron a sus mandos en tiempo real desde la llegada de los estudiantes de Ayotzinapa, a Iguala, en septiembre de 2014, hasta el ataque y posterior desaparición forzada que sufrieron, cuya información completa todavía es un secreto.
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