Oaxaca de Juárez, 12 de enero. Tras un conflicto intermunicipal pobladores sacaron de su domicilio a golpes y empujones a Eleuterio Néstror Antonio, presidente municipal de San Cristóbal Amatlán, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca.
Entre gritos y llanto de angustia de menores y familiares del edil, los inconformes y enardecidos vecinos lo empujaron fuera de su vivienda.
El grupo de personas antagónicas de Néstor Antonio que lo agredieron son las mismas que en noviembre pasado demandaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) la terminación anticipada de su mandato presuntamente por malversación de recursos.
Sin embargo, el Ieepco luego de analizar los documentos presentados por los inconformes con la Administración municipal determinaron que no era posible por la falta de documentación de una convocatoria previa que cumpliera con la legalidad para llevar a cabo la presunta asamblea realizada el 6 de octubre.
Por ello, el órgano electoral acordó que no era posible la Terminación Anticipada del Mandato de Eleuterio Néstor Antonio, dictando que debía seguir al frente de la Administración hasta el 31 de diciembre de 2024.
Tras ser ratificado por la población para continuar como presidente municipal para otro periodo, el grupo encabezado presuntamente por David Salinas, delegado de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca, en la Sierra Sur, es señalado como responsable de la desestabilización en la comunidad así como de la agresión y secuestro de edil ayer por la tarde.
Luego de que fue sacado de su domicilio el presidente fue llevado a varias zonas de la población para después ser conducido a los separos municipales.
Ante ello, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación de oficio tras establecer comunicación con el Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, ante un probable hecho delictivo cometido en contra del presidente municipal derivado de una situación entre ciudadanos de la población.
En tanto que, a raíz de los primeros reportes emanados de la colaboración interinstitucional de diferentes instancias gubernamentales, se tiene conocimiento que se trataría de un problema interno con la población por temas de la comunidad.
Sin embargo, la FGEO reitera su compromiso de activar los protocolos correspondientes para la investigación ministerial para establecer si existe algún hecho o situación que implique la comisión de un delito.
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