Oaxaca de Juárez, 26 de julio. El Gobierno de la cuarta transformación prácticamente eliminó los recursos para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en 2021, respecto a lo que recibían durante el sexenio anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con las cuentas públicas, en 2018 se entregaron seis mil 209 millones de pesos a 10 mil 443 organizaciones civiles de diversos ámbitos.
En contraste, en 2021 –tercer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador– se canalizaron mil 670 millones de pesos a más de mil organizaciones civiles, lo que significa una reducción de cuatro mil 539 millones de pesos.
A su vez, durante 2020 –año en que se declaró emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19– se destinaron a las organizaciones civiles mil 611 millones de pesos, y en 2019, fueron mil 841 millones de pesos.
Uno de los planteamientos recurrentes de López Obrador sobre la sociedad civil es que “había la mala costumbre de que del presupuesto se transferían fondos a organizaciones sociales y no había transparencia, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil”.
En respuesta, hace un año un centenar de esas asociaciones envió una carta al Presidente en la que le señalaron que había tomado “medidas extremas” y le pedían no generalizar, porque “es como si pensáramos que todos los políticos son corruptos y por ello, no hubiéramos votado por un cambio verdadero”.
El mandatario también ha señalado a organizaciones sociales del país por recibir financiamiento de Estados Unidos para oponerse a los proyectos prioritarios de su Gobierno, como el Tren Maya.
Apenas hace unos meses, López Obrador dijo que solicitó “al Gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos, en mi caso, en nuestro caso de un gobierno legal y legítimamente constituido, porque es un acto injerencista”.
Abundó que su administración no daría recursos a las OSC “aunque vivan de eso, nos dejen, porque no estoy hablando al tanteo, hay quienes viven de administrar conflictos, reciben dinero para eso, hasta del extranjero”.
SECTORES BENEFICIADOS
Según el desglose, contenido en un informe de la Cuenta Pública de 2021, 387.8 millones de pesos fueron etiquetados en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para transferir a las diversas federaciones deportivas, las cuales operan como organizaciones civiles.
Otros 662 millones de pesos fueron enviados al Instituto Nacional de Educación para Adultos para atender 32 convenios con organismos sociales.
A su vez, 188.7 millones de pesos fueron enviados a la Subsecretaría de Educación Superior para apoyar a instituciones que operan con esa figura; 21.4 millones de pesos, al Sistema DIF Nacional para la red de albergues.
También 2.6 millones de pesos se entregaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin que se detalle a qué organismo de la sociedad civil apoyó con esos recursos. Y 101.3 millones de pesos fueron utilizados por la Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, aunque no se detalla a qué organismos se canalizó ese presupuesto.
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en 2021, recibió 1.2 millones de pesos para apoyar a las diversas organizaciones civiles de Cultura y el Instituto Nacional de Desarrollo Social apoyó a 39 organizaciones civiles con 303.8 millones de pesos.
En comparación, en 2018, por ejemplo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva apoyó a organizaciones civiles con 264,8 millones de pesos; la Comisión Nacional Forestal destinó 114.5 millones de pesos en respaldar a OSC; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 390.5 millones de pesos, y la Secretaría de Cultura entregó 731.4 millones de pesos; dichas dependencias ya no transfirieron ningún tipo de recurso en 2021.
Advierte AMLO injerencia de EU
Por: Marco Fragoso
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya algún problema legal con la declaratoria del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, y manifestó que grupos opositores financiados por el Gobierno de Estados Unidos son los que promueven los amparos en contra de este proyecto.
En conferencia de prensa, aseguró que debido a que “los jueces no resuelven y paran la obra ya tres meses, cuando toda la gente está de acuerdo y los dueños de los terrenos por donde va a pasar el tren están dando todos su anuencia”, entonces se optó por otra vía.
“Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones: porque está interviniendo un gobierno extranjero, se está perdiendo dinero de la Hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria”, expresó el mandatario.
En ese sentido, reiteró que el Gobierno federal no incurre en desacato ni tiene por qué implicar sanciones penales para funcionarios públicos, luego de que el 19 de julio pasado se declarara la obra como asunto de seguridad nacional para poder continuar con los trabajos.
“No hay ningún problema legal. Lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima, que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes y todos estuvieron de acuerdo, la mayoría. Y se ha cumplido con todos los procedimientos”, expresó.
Este fin de semana, López Obrador decretó la “ocupación temporal inmediata” de 165 mil 250.25 metros cuadrados correspondientes a ocho inmuebles de propiedad privada para las obras del Tramo 5 —ubicado entre Cancún y Tulum— del Tren Maya.
El decreto publicado el sábado pasado en el Diario Oficial de la Federación indica que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la dependencia que procederá a la ocupación temporal, total e inmediata y que queda a cargo del pago de la indemnización a quien corresponda.
En marzo pasado, un grupo de famosos lanzó una campaña denominada “Sélvame del Tren”, donde acusan que la construcción del Tren Maya carece de estudios de impacto ambiental y aseguran que causaría deforestación. Días más tarde el titular del ejecutivo los etiquetó de pseudoambientalistas.
Y recientemente Greenpeace ha hecho protestas y acusado que se está devastando el ecosistema con las obras del Tramo 5.
Anuncia juez cambio a suspensión emitida contra el Tramo 5
Por: Ángel Cabrera
Adrián Fernando Novelo Pérez, juez primero de Distrito de Yucatán, decidió mantener la suspensión definitiva de la construcción del Tramo 5 sur del Tren Maya y anunció que la medida tendrá modificaciones, cuyos alcances no se conocen.
A finales de mayo pasado, dicho juez concedió un amparo a un grupo de ambientalistas para frenar la obra en el sureste, la cual está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante las impugnaciones del Gobierno federal, el 22 de julio se emitió un acuerdo en el que se indica que es “procedente y fundado el incidente de modificación y/o revocación de la suspensión definitiva promovido por Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya”.
La resolución aclara que solo es “procedente la modificación de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, no así la revocación de la misma, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución”, aunque los alcances de la modificación no son públicos.
Por lo que el juez determinó que “se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos a Fondo Nacional de Fomento al Turismo”.
En mayo pasado, un juez federal otorgó una suspensión definitiva para detener la construcción del Tramo 5.
Novelo Pérez confirmó la decisión debido a la falta de permisos, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) todavía puede apelar la decisión del juez e incluso llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A su vez, el presidente López Obrador declaró al Tren Maya como un asunto de Seguridad Nacional, con lo que podría saltarse los amparos y comenzar la construcción de los dos tramos faltantes.
Acusa Anaya a AMLO de violar normas
Para lograr «brincarse» todas las reglas en materia ambiental, el Presidente declaró al Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, aseguró el panista Ricardo Anaya.
En su videomensaje semanal, el panista definió a Andrés Manuel López Obrador como un gobernante que no respeta la ley, lo que -dijo- lo convierte en un autoritario.
Expuso que el cambio climático es una realidad y en México tiene efectos muy graves como la falta de agua en Nuevo León; los más de 700 municipios que están en sequía; las inundaciones en Tabasco y los calores extremos en Baja California y Sonora.
“Viendo todo esto, cuesta trabajo creer que López Obrador siga de necio con obras que solo agravan la situación. «Lo que no tiene nombre es la deforestación provocada por el Tren Maya, y continuar las obras sin importar los amparos y las advertencias de quienes el presidente llama despectivamente seudoambientalistas”; expresó.
24 Horas/Foto: @TrenMayaMX
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