Oaxaca de Juárez, 25 de abril. La Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitieron una orden de aprehensión contra Alejandro Irarragorri, empresario y dueño del Club Santos Laguna y Atlas, por presunta evasión fiscal.
De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, el mandamiento judicial fue emitido luego de que Irarragorri no se presentara físicamente a una audiencia programada. Las autoridades federales ya están en la búsqueda del también presidente del Grupo Orlegi.
Los motivos detrás de la acusación fiscal contra el dueño del Club Santos Laguna
Alejandro Irarragorri, dueño del Club Santos Laguna de la Liga MX, fue acusado de evasión fiscal por presuntamente simular el pago de salarios como “primas de riesgo de trabajo” durante el ejercicio fiscal de 2014.
Esta maniobra, según el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tenía como objetivo evadir el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) y permitió al club intentar deducir cerca de 98 millones de pesos, aunque solo se le imputa una defraudación superior a los 17 millones de pesos mexicanos, según señala Antonio Nieto.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó dicha deducción, y el TFJA confirmó la irregularidad. Y tras supuestamente no presentarse a una audiencia judicial presencial en ante el Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García, en Torreón, Coahuila, Irarragorri fue declarado prófugo por la FGR.
Club Santos acusa a juez de no respetar audiencia de Irarragorri
En un comunicado difundido este 25 de abril, el Club Santos Laguna defendió la inocencia de su Irarragorri y aseguró que ha actuado “con pleno apego a la ley”. El club señaló que la audiencia del 20 de marzo fue atendida de manera virtual en tiempo y forma, y acusó al juez de reprogramarla de manera sorpresiva y sin respetar los tiempos legales.
Además, aclaró que Irarragorri no fue apercibido formalmente, por lo que su supuesta inasistencia no justifica la emisión de medidas cautelares. Finalmente, el club rechazó cualquier intento de criminalizar lo que consideran una discrepancia administrativa y reafirmaron su confianza en que los derechos del empresario serán respetados.
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