Oaxaca de Juárez, 9 de abril. Por el descarrilamiento del tren en el Corredor Interoceánico, a finales de diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó la culpabilidad del maquinista, el conductor y el jefe de despacho por los delitos de homicidio y lesiones culposas, en el accidente donde fallecieron 14 personas.
En un videomensaje difundido en redes sociales, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, señaló que respecto al delito de daño en bienes, la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida, porque no hubo problemas con la obra.
Dijo que se descartó el ilícito de ataques a las vías generales de comunicación, ya que con los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial, después de una minuciosa inspección y toma de muestras, se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma.
Además, con dichas diligencias ministeriales de topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía donde ocurrió el accidente y de las condiciones de la locomotoras y vagones, también se ajustan a la normativa aplicable.
Apuntó que los agraviados optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios. “Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”.
En un comunicado, el gobierno federal informó que concluyó el proceso de reparación integral a las familias de las víctimas de este accidente. “El 100 por ciento de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas”.
No obstante, aclaró que, “por razones de protección y a solicitud de las víctimas, no se señalan públicamente los montos erogados”, pero afirmó que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral, “garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso”.
Auditorías
En tanto, los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público “los descartamos, con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos, relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos; en todos los casos, sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias”.
Añadió que la FGR llevó a cabo todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto la investigación y que privilegió en todo momento la protección de las víctimas y los ofendidos, cumplió con sus funciones constitucionales y legales.
La Jornada
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