Están juntando la artillería: Raymundo Riva Palacio (09:30 h)

En Washington no le agradecieron —salvo un reconocimiento tímido del secretario de Estado, Marco Rubio, un día después—, pero le mandaron posteriores recordatorios de lo que realmente quieren: que entregue a funcionarios ligados con los cárteles de las drogas. Aunque no lo han dicho con todas sus letras, las declaraciones sobre la vinculación del gobierno con los cárteles parecen estar centradas en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque nunca existió esa demanda antes y hoy la han fraseado en ese sexenio.

Hay una gran paradoja para López Obrador en lo que se está viviendo. Fue él quien le metió a Trump la idea de que en México había un “narcoestado”, cuando a cambio de hacer todo lo que quisiera en materia de migración, que era su prioridad, lograra que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Dallas a fines de 2019, imputara a decenas de políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación y periodistas en el periodo del neoliberalismo, que le facilitaría la demolición del régimen vigente.

García Luna se negó a declarar contra los apuntados en la lista. En cambio, en septiembre del año pasado, escribió una carta desde la cárcel en Brooklyn poco antes de que lo condenaran tras ser encontrado culpable por un jurado de recibir dinero del Cártel de Sinaloa, donde aseguró que había registros —evidencias— de los gobiernos de ambos países sobre la vinculación de López Obrador con el crimen organizado. En ocho años, el “narcoestado” que buscó infructuosamente que Estados Unidos le desmantelara tuvo un giro radical, perfilando Trump una versión mexicana del Proceso 8000 que se vivió en Colombia.

El Proceso 8000 se dio en los 90, cuando el Cártel de Cali, que contribuyó a la caída de Pablo Escobar y el Cártel de Medellín, incrementó su capacidad militar y económica y comenzó a penetrar estructuralmente al poder político. Las nuevas leyes electorales colombianas le facilitaron inyectar recursos a la campaña presidencial de Ernesto Samper —que fue absuelto en dos ocasiones por el Congreso—, y para las legislativas. La infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas no ha desaparecido, y el presidente Gustavo Petro está luchando contra las acusaciones formuladas por su hijo de que su campaña recibió dinero del narcotráfico.

Las analogías entre México y Colombia llevan años. La entonces secretaria de Estado Hillary Clinton equiparó en 2010 a los cárteles mexicanos con los colombianos de los 90 por sus tácticas guerrilleras y el uso de autos-bomba. Trump, sin trazar paralelismos, ha vinculado estructuralmente a los cárteles mexicanos con el régimen que comenzó a construir López Obrador. Tener capos en sus cárceles no lo satisface. Lo que hizo Claudia Sheinbaum, López Obrador se había negado a hacer, señaló la procuradora general Pam Bondi, horas después de que les entregaran a los 29 criminales. Lo que busca Trump lo delineó el viernes en una entrevista con la revista británica The Spectator, al anticipar que pediría a Bondi una investigación a políticos mexicanos para establecer sus vínculos con los cárteles y el tráfico de fentanilo.

La entrega de 29 narcotraficantes no detuvo las amenazas militares contra México. Son amagos imposibles de saber si se cumplirán, porque la virulencia de Trump en las relaciones internacionales deja abierta cualquier posibilidad. Lo que existe actualmente son grandes similitudes con lo que se hizo hace casi tres décadas en Colombia. Uno es el Proceso 8000 y otro el Plan Colombia, donde el papel central para combatir a los cárteles y frenar el tráfico de drogas lo tuvieron la CIA, por encima de la DEA, y el Pentágono, que capacitó a las Fuerzas Armadas colombianas.

En México, desde el secuestro de Ismael El Mayo Zambada el año pasado, la DEA quedó relegada a un segundo lugar en el combate al narcotráfico en este país. La CIA está tomando ese papel, con la intensificación de las actividades de espionaje humano y tecnológico. Bajo la nueva dirección de la CIA, está en marcha la planificación de operaciones clandestinas para recolectar información —mediante drones— que permitan combatir y desmantelar a los cárteles. En esta fase no está claro si, como en Colombia, en coordinación con el gobierno sudamericano, la CIA planeó asesinar a los líderes de las FARC, que había pasado de ser una mera guerrilla a un cártel de drogas.

Se desconoce hasta dónde está colaborando realmente el gobierno de Sheinbaum en las acciones militares y de espionaje estadounidenses contra los cárteles mexicanos, porque luce descolocado ante las crecientes acciones ofensivas, y las contradicciones públicas en las que incurren no permiten determinar qué sabe y qué desconoce de lo que está haciendo la Administración Trump. Sin embargo, el calor de la narcopolítica continúa subiendo y presionando a Palacio Nacional.

Ante esto, Sheinbaum está dejando de actuar ortodoxamente. El destierro de 29 narcotraficantes cruzó una raya que la coloca distante de su predecesor y mentor López Obrador, que ignoró los pedidos de extradición de varios de los capos de las drogas que fueron entregados en Estados Unidos el jueves. Se sabe parcialmente que varios de ellos y algunos otros de los que capturó el actual gobierno tienen información que pudiera ser comprometedora para figuras del nuevo régimen, lo que lleva a la pregunta si Sheinbaum, para salvar su gobierno y darle viabilidad a la presidencia, está políticamente dispuesta a continuar el camino que empezó el jueves pasado y cortarse una pierna para que la gangrena no le contamine el resto del cuerpo.