Oaxaca de Juárez, 28 de abril. Ocho muertos en la cooperativa Cruz Azul de Tula de Allende, en Hidalgo. No pasa nada. Es una matanza más. En unos días ni quien se acuerde, porque ya tendremos una nueva matanza de alto impacto en otro lugar de la enlutada República.
En el México de hoy la violencia no se detiene, ni se contiene. Nunca tanto homicidio como en estos los últimos tres años y pico. Más de 118 mil asesinatos desde diciembre del 2018.
Es el costo en sangre en un país que se descompone a paso veloz, donde los balazos se impusieron definitivamente a los abrazos, que no aparecen por ningún lado.
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Esta vez fue un choque entre dos grupos que se disputan el control de la cooperativa. Ambos se culpan de lo ocurrido. El saldo de la riña se completa con once heridos y nueve detenidos, según el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
El grupo disidente, que encabeza Federico Sarabia, nos envió, vía WhatsApp, un texto en el que acusa a los señores José Antonio Marín y Víctor Velázquez, de encabezar la toma violenta de las instalaciones.
“Con el apoyo del despacho Anzures intentan despojar a los socios cooperativistas de base de su patrimonio histórico y social de la Cruz Azul”, dice el escrito.
Y agrega: “Yo mismo, Federico Sarabia, fui víctima de un secuestro y a los compañeros en activo les han cancelado sueldos y prestaciones, además de cancelar pensiones y servicio médico de jubilados que denuncian el robo en la Cooperativa.”
A la sede de Tula llegaron, la madrugada de ayer, 17 camiones con al menos 500 personas. La intención era desalojar a los disidentes a como diera lugar. Hubo resistencia y mucha sangre.
Aunque el grupo que intentó recuperar la planta sacó un comunicado en el que dice que las acciones en contra de Sarabia y los suyos se han llevado a cabo “por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo la integridad física de sus ocupantes”.
“Por el contrario, este grupo disidente, además de ostentarse como presidentes de los consejos administrativos y de vigilancia, le han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad”, asegura el comunicado. ***
Mayte López se apareció ayer en la Cámara Alta en calidad de víctima de la llamada “violencia vicaria”. Esa que se ejerce cuando un padre le arrebata los hijos a una madre.
Hace seis años que no los ve. Son tres. Hoy tienen 13, 11 y 9 años. “Ya se me fue la infancia. Mi bebé tenía tres años, el otro cinco y el otro siete”, nos dijo.
El padre es Noe Castañon. Trabaja de senador. Llegó al escaño por el PRI, pero el tricolor lo expulsó por violencia contra las mujeres. El MC lo cobijó. Cuando se enteró de la presencia de su ex pareja se apareció en el Patio del Federalismo. No quiso dar declaraciones. Alegó prohibición legal.
–¿Lo llegó a ver?—preguntamos a Mayté.
–No lo vi, se esconde. Cuando vio que ya me fui fue que se acercó. Si se hubiera acercado le hubiera dicho: ¿Cuándo vas a parar esto y me vas a dejar ver a mis hijos?
Castañón se los llevó el 22 de septiembre del 2016, al amparo del “terrorismo legal” , el “tráfico de influencias” y las “complicidades” de los partidos, dice Mayté.
–¿No hay manera de que se arreglen civilizadamente? Le preguntamos.
–Pues el señor no quiere ni hablar conmigo. He solicitado diálogos de conciliación a través del juzgado, pero no quiere ni verme. No hay manera.
–¿Qué pasa con la justicia que no protege a una madre?
— Sabemos que su papá fue ministro de la Corte, secretario de gobierno. Fue diputado. Su familia está dentro del Poder Judicial. Así va controlando todo. ¿Qué sigue? Luchar hasta ver a mis hijos.
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Rosario Robles contrataca. A través del despacho de abogados Mendieta&Medina exigió a la Fiscalía de la CDMX reiniciar la investigación contra quién o quiénes son responsables de falsificar la licencia de conducir que usaron para llevarla a la cárcel hace dos años, ocho meses.
“No permitiré que se le de carpetazo a mi denuncia”, escribió en twitter la ex secretaria de estado quien, no nos cansamos de repetirlo, está en la cárcel por un delito que no amerita prisión preventiva: ejercicio indebido de la función pública.
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