Oaxaca de Juárez, 22 de abril. Buen trabajo hizo Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en las Naciones Unidas. La resolución para evitar la especulación de insumos médicos para atender la pandemia por el COVID-19, propuesta por AMLO en la Cumbre virtual del G20, fue respaldada por 179 países.
Es la propuesta mexicana que más apoyo ha tenido en la ONU desde su creación. Le da algún margen de maniobra a António Guterres, secretario general del organismo.
El exrector de la UNAM se ganó a pulso el reconocimiento que le han hecho en las mañaneras, tanto el presidente López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard.
La bronca es que no hay garantías de que se cumpla.
Un problema serio es la querella de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud.
El presidente Trump acusa a la OMS de encubrir a China, país que —según él— es el creador de ese “enemigo invisible” que es el COVID-19. Hasta los fondos le retiró a la organización en plena pandemia. Tema grave. Es el principal donante.
No hace falta un sesudo análisis para deducir que esa bronca representa un grave riesgo para la viabilidad de la resolución. Se tocan intereses, hay presiones fuertes y de última hora.
Fue patrocinada, entre otros, por China, India, Japón, casi toda la Unión Europea, y casi toda América Latina, entre otros, pero Estados Unidos no.
Trump ha elogiado públicamente a López Obrador una y otra vez. Pero son “parole, parole, parole”. La amistad se demuestra en los hechos, y aquí el “amigo americano” no respondió, pero, al menos, no objetó.
Y es que una sola objeción de cualquiera de los 192 países que integran las Naciones Unidas la hubiese echado abajo.
Tampoco copatrocinaron Rusia, Brasil, Venezuela, Irán y Corea del Norte.
* Poco había oído hablar de Alejandro Díaz de León antes de su designación como gobernador del Banco de México, en sustitución de Agustín Carstens. Confieso que se ha ganado mi respeto.
Se necesita valor para decirle “no” al Presidente de la República. Hace uno días, AMLO pretendía del Banxico una compensación al gobierno federal por la depreciación —yo diría devaluación— del peso frente al dólar. Pero la norma no lo permite y Díaz de León no se dobló.
Ayer me acabé de convencer de que el Banco de México está en buenas manos.
La Junta de Gobierno del Banxico anunció un paquete de 10 medidas que permitirán inyectar a la economía 750 mil millones de pesos para apoyar el funcionamiento del sistema financiero. Pequeña luz en el largo túnel de la pandemia.
El consultor, economista, exintegrante del Banxico, Raymundo Tenorio, hizo notar en Twitter que estas medidas son equivalentes al 3% del PIB y que su objetivo es proveer liquidez para salvar empresas y empleos.
Lo contrasta con los créditos anunciados “por el demagogo” para las pequeñas y medianas industrias, “que apenas representan el 0.1 del PIB”.
Alejandro Rodríguez, otro consultor financiero, exSHCP, nos dice que lo que hace el Banco de México es darle la mayor liquidez posible al sistema financiero, para que haya recursos disponibles.
Advierte, sin embargo, que faltan recursos fiscales que, hasta ahora, se destinan sólo a los programas clientelares del Presidente.
* El Consejo Coordinador Empresarial saludó el paquete de medidas y la reducción al 6% de las tasas de interés que anunció la Junta de Gobierno del Banco de México.
“Se trata de una decisión fundamental para proveer liquidez a los intermediarios y, a la vez, mantener el desarrollo ordenado de los mercados, sin comprometer la meta inflacionaria”, dijo el organismo empresarial en un comunicado.
Agrega: “Con esta respuesta de política, el Banco de México contribuye con sus herramientas al alivio de la situación nacional y hace valer la importancia de su autonomía”.
* En la Gaceta Parlamentaria del Senado apareció el lunes una iniciativa de ley que pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de garantizar el pago completo a los trabajadores cuando ocurran contingencias sanitarias graves, como la que vivimos, que obliguen a la suspensión de labores.
El propio Monreal buscó evitar “interpretaciones equivocadas”. Mandó precisar ayer que el patrón tendrá la obligación de pagar el salario íntegro a los trabajadores hasta por 30 días.
“En todo caso, el pago del salario podrá ser convenido por las partes, sin que pueda ser inferior al mínimo”, puntualiza la iniciativa publicada en la gaceta.
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