Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó mayoritariamente el proyecto de invalidar la prisión preventiva oficiosa (PPO), con lo cual le regaló en primera instancia una victoria política al presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue deliberado, ni jugaron al sacrificio, ni, por los argumentos jurídicos planteados durante dos días de sesiones, fue un acto de sumisión pusilánime al Ejecutivo, salvo en el caso de la ministra Loreta Ortiz, que pasó de garantista a punitivista, metamorfosis generada por la incondicionalidad a López Obrador. La historia la juzgará por sus actos, pero en la política de la inmediatez, nuestro ecosistema actual, habrá un impacto sobre la Corte.
La discusión sobre la PPO fue enorme en su riqueza conceptual, eminentemente jurídica y con argumentos importantes y profundos sobre el porqué no podían invalidar la Constitución, aunque el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, hizo un elocuente discurso a favor de la invalidación del adefesio constitucional, que veremos el próximo jueves, en la votación del proyecto, si fue suficiente para cambiar el curso de la historia.
El debate fue técnico y apolítico. Sin embargo, la política arrastró a los ministros. No lo querían, seguramente, pero el Presidente los metió en su dinámica, de la cual, en términos de opinión pública, no pudieron sustraerse.
López Obrador, que politiza absolutamente todo para su propio beneficio, los estigmatizó. Los acorraló con la retórica de que si actuaban con rigor jurídico, no defenderían la justicia sino los intereses creados que venían del pasado. Por más absurdo que sea, funciona en el imaginario colectivo. Lo importante no es el equilibrio de la ley para aplicar la justicia –que a una de las partes dejará insatisfecha prácticamente por definición–, sino las acciones justicieras, aunque sean violatorias de la propia ley.
La PPO estuvo en el banquillo de los acusados estos dos días, pero al ser un artículo constitucional, la mayoría de la Corte rechazó invalidarla. Lo que estaba en el fondo de la discusión, que no explícitamente en el proyecto de Luis María Aguilar que proponía su desaparición, era la norma de su aplicación; es decir, el catálogo de 16 delitos que impulsó el gobierno de López Obrador en 2019, donde otorga ese recurso a la fiscalía para combatir los delitos de cuello blanco y justificar la prisión automática.
Los abusos del recurso han sido tan monumentales, que incluso la prisión preventiva justificada, que es lo que tienen las democracias, ha sido empleada de manera injustificada contra políticos de gobiernos anteriores que le dan cuerpo a la narrativa presidencial de que está combatiendo la corrupción.
La mayoría de las ministras y ministros cuestionó la norma y argumentó que era violatoria de los derechos humanos y de la presunción de inocencia. El caso más notable es el del exsenador panista Jorge Lavalle, a quien el exdirector de Pemex Emilio Lozoya acusó de corrupción. Lavalle se presentó a declarar, confiado en su inocencia, pero fue detenido, viviendo en prisión desde hace 17 meses, pese a que esas acusaciones se disolvieron en enero. Rosario Robles, la exsecretaria de Estado peñista, es otro caso similar, y al presentarse a declarar, la aprehendieron. La Fiscalía General le robó tres años de su vida en libertad con una prueba falsa, una licencia de conducir que le fabricaron, como hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero con su familia política, acusándola por delitos que, afirmó la Suprema Corte, inventó.
En una sociedad punitiva como la mexicana, la justicia no pasa por la aplicación ciega de la ley, sino porque encarcelen a los poderosos, sin importar lo endeble del caso o los argumentos para meterlos en prisión. Ésta es la circunstancia que aprovechó maniqueamente el presidente López Obrador, que construyó una percepción negativa del actuar del Poder Judicial durante dos semanas y media de ataques en su contra. Ayer admitió que ejerció presión desde el atril más poderoso del país, hablando todo el tiempo de lo que estaba en riesgo.
El Presidente es impreciso. No sólo tocó el tema, sino que insultó al Poder Judicial, lo acusó de corrupto y flageló incluso a las tres ministras y el ministro que propuso por haber traicionado su proyecto de transformación, pero que terminaron votando en línea con sus deseos, por razones diferentes. La PPO quedará como está, como una prisión en automático que anula el principio de la presunción de inocencia y vulnera el debido proceso.
No era, con toda la seguridad, el ánimo de la Corte caer en ello, sino revisar únicamente la constitucionalidad de anular un artículo de la Carta Magna, pero para efectos prácticos, es lo mismo. La PPO seguirá siendo utilizada a discreción por el Presidente como una poderosa arma de inhibición y terror, pero no para los criminales, como argumenta el gobierno y repitieron ministras afines al Presidente, sino para sus objetivos políticos. En esta primera batalla, el Presidente derrotó a la Corte, porque la percepción es más fuerte que la realidad.
Sin embargo, hay una ventana que permite abrigar esperanza de que la Corte establezca un precedente para evitar los excesos y abusos del poder, a partir del posicionamiento de la mayoría de que está la interpretación de dos normas del mismo nivel, establecidas en el artículo primero constitucional, y lo referente a los derechos humanos, que el Legislativo tiene que corregir.
La discusión multidimensional que se llevó a cabo en la Corte podría llevar el tema de regreso al Legislativo, donde se construyó en 2019 la aberración que hoy nos tiene en niveles de sistemas autoritarios y dictatoriales. Pero aun si la Corte camina en esa dirección, difícilmente cambie algo, porque las mayorías que tiene el Presidente en las cámaras, y la Magnum .357 de la PPO, siguen siendo un incentivo fabuloso para que se siga haciendo su voluntad. ¿Cómo llegamos a esto? Un senador de oposición que votó a favor del catálogo, confió cándidamente: “Nunca nos imaginamos que la fiscalía utilizara la ley para violar la ley”.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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