Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 6 de noviembre.
México es un país en el que abundan las leyes y los encargados de aplicarlas, pero en la realidad parece como que si no existieran, porque casi nada se resuelve conforme a derecho, encontrándose para cada caso argumentos originales, técnicas nuevas y hasta conveniencias políticas para la solución de un problema jurídico, o para no resolverlo sencillamente. Si se aplicara la ley habría justicia, pero de esta es de la que hemos carecido a lo largo de la historia. Para la República, el criterio presidencial es el que domina, pero en los niveles estatales y municipales, siguiendo el ejemplo, se acata la voluntad de la máxima autoridad. Se resuelve o no se resuelve un problema, pero queda a su criterio no someterlo a la jurisdicción legal. Los ejemplos abundan, pero los más recientes son los más ilustrativos. El vandalismo de los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de los normalistas del estado ha sido exagerado en los últimos días, en perjuicio de empresas y de la ciudadanía, pero no se actúa legalmente por temor, porque se dice que no hay denuncias, porque no somos un estado represor dice el gobernador, y deja que los delincuentes sigan actuando a su antojo, porque no hay ley que pueda someterlos, ni autoridad que las pueda hacer cumplir.
En Guerrero se vive la misma situación. Profesores y normalistas siguen incendiando, robando, alterando la paz pública, pero no se les puede tocar porque actúan con el pretexto de protestar por la desaparición de 43 normalistas. Con estos ocurrió lo mismo, no se les aplicó la ley sino que se acudió al extremo de desaparecerlos, y ahora se presenta un nuevo conflicto legal, en el que está a punto de intervenir la autoridad internacional, porque la mexicana ya nada puede hacer. Ayotzinapa fue un problema que se dejó crecer, que no se quiso o no se pudo darle solución legal hasta que se llegó al extremo que ahora parece no tener solución, porque las inconformidades aumentarán y persistirán cualquiera que sea la determinación que se tome en última instancia. Seguirá creciendo, y como la ciudadanía no conoce instancias legales confiables, sigue cometiendo ilícitos en perjuicio de la población. La anarquía y la ingobernabilidad siguen predominando en estos dos estados de la República, en los que de manera especial se vive la falta de aplicación de las leyes, o sea la ausencia del estado de derecho.
En las altas decisiones de carácter nacional, es en donde más se advierte la intervención presidencial para que no se apliquen rigurosamente las leyes. Por ejemplo, diversos partidos políticos encabezaron y llevaron a cabo encuestas nacionales, con la recolección de firmas de los ciudadanos, para hacer tres peticiones a las máximas autoridades del país: que de derogue la reforma energética, que se suprima la figura de los diputados y senadores plurinominales, y que desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que no ha funcionado en la práctica durante mucho años, y que sean otras instancias las encargadas de fijarlo anualmente. En los tres casos el más alto tribunal de justicia del país declaró improcedentes las peticiones, argumentando que se afectaría el sistema de ingresos y egresos de la federación, el cual es intocable. En términos generales, pero que comprende los tres casos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dio la siguiente respuesta: “Con criterios que sobrepasan los límites impuestos por el Poder Reformador de la Constitución, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al desechar la consulta, se apartaron del artículo 1º de nuestra Carta Magna, que señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar. Proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…Los ministros que votaron en contra de la realización de la consulta se niegan a ver lo que acontece en el país; desde su torre de cristal viven al margen de la realidad, pero tendrán que asumir la responsabilidad de sus decisiones.”
Ha habido muchos otros casos semejantes, en los que el equilibrio institucional se impone a la aplicación rigurosa de las leyes, en que siempre se encuentra un motivo especial y de fuerza mayor para hacerlas a un lado, sin que hasta la fecha haya ocurrido nada más que acentuar el rencor o resentimiento de los afectados. Son los casos en que interviene la alta política, los intereses del estado o la institucionalidad, los que no permiten la aplicación correcta de la ley. Ahora que el presidencialismo se ha vuelto más poderoso, la política es la que se ha colocado por encima del derecho, pero la política de estado, porque como acabamos de ver, ni los partidos políticos tienen la fuerza suficiente para imponer un estado de derecho. Ese presidencialismo nocivo es el que ha estado presente, aunque en forma indirecta, en las relaciones con los sindicatos. Lo raro es que también se comprenda a las fuerzas opositoras, como en el caso magisterial oaxaqueño, en que la disidencia sindical ha llegado a contar con la protección gubernamental, a pesar de los grandes delitos que comete todos los días. La impunidad, la corrupción y el libertinaje, es lo que ha caracterizado a este gobierno del cambio, que se ha negado a cumplir y hacer cumplir los ordenamientos legales.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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