Oaxaca de Juárez, 9 de enero. Transparente y sin dobleces, Estados Unidos le está diciendo a México dónde se encuentra su primera estación tras el golpe asestado en Venezuela: Cuba. Las cartas se abrieron a finales del año pasado con las críticas de varios diputados republicanos de Florida –donde se reescribe la política exterior para América Latina– a la presidenta Claudia Sheinbaum, por estar apoyando, dijeron, a la dictadura cubana. Sheinbaum respondió que el abastecimiento de crudo a Cuba eran decisiones soberanas de México, y por razones humanitarias. El tema volvió a salir tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que la dejó atrapada en el reacomodo geopolítico en la región.
El petróleo venezolano se convirtió en un tema fundamental, pero colateral del reordenamiento estadounidense del modelo de seguridad nacional hemisférico, que tiene dos vertientes. La primera, de índole bilateral, el control de la industria petrolera venezolana desde Estados Unidos y la compensación de 12 mil millones de dólares exigida por las petroleras Exxon Mobil y ConocoPhillips, por el cambio de reglas por parte del presidente Hugo Chávez. La segunda, geoestratégica, donde el objetivo de Trump de asfixiar a Cuba sin petróleo venezolano se cruzó con México.
Tras la captura de Maduro, Trump declaró que no sabía si Cuba iba a poder sobrevivir porque todo su ingreso provenía del petróleo venezolano. “Parece que Cuba está lista para caer”, subrayó. A mediados de diciembre, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había reconocido que el país atravesaba por una severa crisis económica, con escasez de alimentos, apagones, inflación y descontento popular.
Lo que no contaba Trump, cuando menos públicamente, era que México se había convertido en el principal exportador de petróleo a Cuba, proporcionando 44% del total de su crudo, como reveló el diario británico Financial Times. Sheinbaum reaccionó recordando que no había nada ilegal en ello y que era una política mexicana de largo tiempo. Es cierto.
La relación entre México y Cuba es histórica. En 1980, los presidentes José López Portillo y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, suscribieron el Acuerdo de San José para suministrar hasta 160 mil barriles de petróleo diario a los países de América Central y el Caribe, con créditos blandos a largo plazo. Todos los presidentes siguientes renovaron el acuerdo con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y Enrique Peña Nieto, además, condonó la deuda de Cuba con Pemex. La ayuda se redujo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero lo retomó Sheinbaum, que incrementó en 56% el volumen de exportaciones de su antecesor, según el Financial Times. Sheinbaum no reconoce el incremento, ni tampoco ha quedado claro si el crudo ha sido gratis, por “razones humanitarias”. En un reporte a la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, Pemex informó que las exportaciones de crudo de enero a septiembre del año pasado, que equivalieron a 400 millones de dólares, se habían realizado mediante contratos, dejando entrever que sí se pagaron.
La mayoría de los presidentes apoyaron a Cuba sin dar sorpresas a Estados Unidos, y algunos de ellos, como cortesía diplomática, les comentaron lo que iban a hacer. Sheinbaum no ha tenido ese cuidado diplomático o conocimiento de cómo se manejan las relaciones internacionales, ni tampoco una postura consistente, que provoca incertidumbre con sus interlocutores hace cosas que luego deshace.
Jorge Piñón, director del Centro Internacional de Política Energética y Ambiental de la Universidad de Texas en Austin, le dijo a la agencia de noticias AP que México redujo 15 mil de los 22 mil barriles diarios de petróleo que estaba enviando a Cuba, luego de la visita a Palacio Nacional del secretario de Estado, Marco Rubio, en septiembre, con lo que se puede conjeturar que atendió una protesta o un extrañamiento. Duró poco. En los últimos tres meses del gobierno de Maduro, México exportó a Cuba 35 mil barriles de crudo diarios, agregó Piñón.
Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum no dejaron sola a Cuba en sus momentos más difíciles de los últimos cinco años. En julio de 2021, tras las protestas por la crisis sanitaria del Covid-19, la escasez y el racionamiento de los alimentos y medicinas, López Obrador envió 100 mil barriles de crudo para que Díaz-Canel pudiera estabilizar al país, que logró con una represión, que nunca cuestionaron. En octubre de 2024, recién instalada Sheinbaum, le envió 400 mil barriles de crudo por los apagones causados por la falta de combustible.
El suministro de petróleo a Cuba ha sido un tema recurrente, público y privado con políticos y funcionarios estadounidenses. En el último encuentro que tuvieron en diciembre la presidenta y el embajador Ron Johnson, se trató de manera amplia el apoyo que se le estaba dando al régimen de Díaz-Canel, al que se le entrega petróleo, alimentos perecederos, enseres domésticos, refacciones militares y recientemente, libros, además de financiarlo con la contratación de médicos en México, que ha sido motivo de críticas severas en el Capitolio porque consideran que La Habana los explota laboralmente.
Como le han explicado a Sheinbaum, su postura produce un mal ambiente para su gobierno en Washington, no sólo de republicanos sino también de demócratas, que está agrietando la relación bilateral y abriendo la posibilidad de que Trump haga un posicionamiento público. Estas observaciones fueron hechas antes de la captura de Maduro y que se revelara que el sostén de Cuba en estos momentos es México. Su discurso nacionalista sobre la soberanía y la no intervención carece de valor y peso en Washington, y ha generado comentarios de los costos políticos y sociales de seguir apoyando a la dictadura cubana sin atender los problemas más críticos que enfrenta su gobierno, como el de la seguridad y la economía.
Sheinbaum se encuentra en una situación delicada. A diferencia de sus predecesores, enfrenta un reordenamiento brutal, por el uso de la fuerza y la imposición del nuevo designio de Trump, que la obliga a redefinir el concepto de soberanía, con modernas categorías de análisis que construyan un discurso acorde con este tiempo, respaldado por un trabajo político interno y externo que encuentre el consenso que no tiene y le permita entender el nuevo orden en el que está gobernando, para mantener la soberanía no de palabra, sino de hechos.
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