Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. La corona fue colocada por diputados del PRI al pie de la tribuna en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. La ofrenda llevaba una banda blanca donde se leía en letras negras: murió la justicia.
Fue demasiado para los diputados de Morena y sus rémoras, que ayer le dieron la puntilla al sistema de justicia en México para avanzar en el “Plan C”, que les dejó como herencia el ex presidente López Obrador.
Una y otra vez pidieron que la ofrenda se retirara del recinto. La tardanza en hacerlo los llevó a recorrerla hacia la derecha del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna.
De repente apareció de nuevo en el centro de la tribuna. Terminó recargada a un costado del salón de sesiones, cerca de donde se sientan los diputados del PAN.
Interrogado al respecto, Ricardo Monreal se negó a hablar de la corona de muertos. “Son estrategias, yo no me meto en eso”, evadió el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
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Los diputados de Morena, PT y PVEM hicieron oídos sordos a las múltiples advertencias no sólo de la oposición, sino de las barras de abogados, juristas destacados y organismos internacionales sobre los riesgos que implica la elección de los juzgadores.
Aprobaron con todo y pifias –un artículo se repite dos veces– las leyes secundarias de la Reforma Judicial: Medios de Impugnación y a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La médula de la reforma son las elecciones por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
Germán Martínez, diputado del PAN, nos hizo una interesante reflexión sobre este punto:
“¿Con qué propuesta va a ir el candidato a juez de Chilpancingo o el candidato a juez de Sinaloa? ¿Con qué propuesta van a ir los jueces penales de Michoacán o de Tamaulipas?”
El mismo respondió: “con una propuesta de impunidad para todos, de lo contrario van a ser amenazados. La 4T está entregando la justicia a la oligarquía y al narco.
“Es el derribo de un poder que era resistencia a las políticas demagógicas y mentirosas de la 4T”, puntualizó.
Con esta reforma pagan justos por pecadores. Es cierto que hay jueces corruptos, pero también los hay con méritos, intachables, que deben hipotecas de su casa, colegiaturas, servicios, coche.
La reforma cancela su carrera judicial y los coloca frente a un futuro incierto. Todo esto derivado de una “venganza” —el término es del diputado del PRI, Rubén Moreira— por haberse atrevido a ser contrapeso del Ejecutivo en el sexenio que terminó.
Germán pronostica que con los futuros “jueces populares” los morenos están afilando los cuchillos de su propia tribu para ir contra sus gobernadores, sus legisladores, sus gobernadores y alcaldes.
“Pregúntale a Evo Morales, empezó con jueces que van tener la misma legitimidad”, puntualizó.
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A pesar de la importancia de las leyes, la sesión fue semipresencial. “Pueden sesionar desde la playa”, señaló, en tono mordaz, la diputada Laura Ballesteros, MC.
Dijo más: “Parece increíble que teniendo un trabajo de tan altísima responsabilidad como este, no sean capaces de venir a trabajar dos veces a la semana. Esto es indignante”.
Ya encarrerada, Ballesteros adelantó que la bancada naranja va a presentar una iniciativa para “revertir” las sesiones semipresenciales.
“Seguramente la votarán en contra, pero no vamos a dejar pasar la condena a esta barbaridad”, puntualizó.
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Otra reforma polémica es la que elimina los órganos autónomos, bajo pretexto de que son muy caros y no sirven para nada, según el ex presidente AMLO.
Pero ayer ocurrió algo inesperado para los comisionados del INAI, uno de los órganos condenados a desaparecer.
Fueron informados oficialmente de que serán recibidos este miércoles al mediodía por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Tienen esperanzas que Rosa Icela sea sensible a sus argumentos. “Es una señal de acercamiento, de apertura al diálogo”, celebró el comisionado presidente del Instituto, Adrián Alcalá.
La ve como una oportunidad importante para exponer a la secretaria de Gobernación cambios normativos que fortalezcan el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, alternativas en el diseños institucionales, y reducción presupuestal.
“No buscamos simplemente mantenernos como estamos. Proponemos ajustes en nuestro diseño institucional y una reducción presupuestal razonable, que permita un equilibrio entre austeridad y funcionalidad.
“Ajustar el INAI no debe significar debilitarlo, sino reforzar su capacidad de servir al público”, sintetizó.
FIN.
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