Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. La Guardia Nacional no es como la Carabina de Ambrosio, pero está cerca de serlo. Ha sido el mayor fracaso del gobierno frente a las expectativas que había generado para enfrentar la inseguridad y reducir los niveles de violencia en el país. Las promesas de pacificación nacional con ese cuerpo integrado por militares y policías, se quedaron en buenos deseos, y en sangre vertida como nunca en tiempos de paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy insatisfecho con la gestión civil de la Guardia Nacional, y ha puesto de cabeza a Palacio Nacional para que le preparen una propuesta que incomodará a muchos: que la Secretaría de la Defensa Nacional la absorba.
La Guardia Nacional fue la propuesta innovadora del gobierno para desaparecer a la Policía Federal, como muchas otras instituciones, a rajatabla. El argumento fue que estaban infectadas con corrupción, pero sin un diagnóstico serio en las manos se pensó que la corrupción de individuos se resolvía extirpando la institución del combate a la delincuencia. Mala fue la asesoría al presidente Andrés Manuel López Obrador, vendiéndole cuentas de vidrio y timándolo con generalizaciones. La Policía Federal tenía muy probablemente elementos mafiosos incrustados, pero como cuerpo civil, cuya construcción llevó más de 20 años, era sólida y eficaz.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, fue el primer engañado. El diagnóstico que recibió para la reconstrucción de lo que iba a ser la Policía Federal se lo hizo Manuel Mondragón y Kalb, quien como comisionado nacional de Seguridad en la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el responsable de la demolición de la infraestructura de la institución. Durazo, que sabía poco del tema, elogió el trabajo de Mondragón y Kalb y puso manos a la obra. La Guardia Nacional fue su proyecto y su desgracia, si a resultados nos atenemos.
En los primeros 18 meses de gobierno de López Obrador, de acuerdo con las gráficas de la consultora TResearch, el número de homicidios dolosos –el delito por el cual se está midiendo popularmente el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad– sumó 57 mil 534. En ese mismo periodo, durante el gobierno de Felipe Calderón al que los propagandistas del gobierno llaman ‘asesino’ por el número de muertes en su mal llamada ‘guerra contra las drogas’, totalizaron 19 mil 571, lo que significa 194 por ciento menos de lo que lleva la actual administración. La variación negativa con el gobierno de Peña Nieto también es notable -90 por ciento-, al superar el de López Obrador a su antecesor por más de 27 mil homicidios dolosos.
La Guardia Nacional no resolvió lo que le prometieron al Presidente, cuyo discurso se está agotando. En la última encuesta de aprobación presidencial publicada este lunes en EL FINANCIERO, 55 por ciento consideró que es mala la forma como el gobierno está enfrentando a la delincuencia, mientras que a 68 por ciento le preocupa mucho el crimen organizado, y 71 por ciento piensa que está fuera de control. No deja de llamar la atención en el mismo estudio, que la aprobación de la Guardia Nacional se mantenga estable (67 por ciento), lo que sugiere que la gente no ha conectado que todo aquello que tanto teme, es resultado del mal trabajo de ese cuerpo civil.
López Obrador sí sabe del fracaso, y ordenó que se prepare una propuesta para que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello se tiene que reformar básicamente el artículo 21 constitucional, que señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen:
• La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
• La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.
A la luz de los resultados, la Guardia Nacional, que encabeza el general de brigada, Luis Rodríguez Bucio, ha incumplido con el mandato constitucional e impedido la pacificación prometida por el Presidente, sin olvidar que el momento más difícil y vergonzoso del gobierno, el ‘culiacanazo’, cuando dejaron en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, al que detuvieron por más de dos horas en cumplimento de una petición de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, tuvo en el comandante del cuerpo paramilitar uno de los principales responsables –si no el que más– de la fallida estrategia de captura.
A López Obrador no parece importarle que en los hechos se confirme que la seguridad pública sería una responsabilidad oficial y legal de los militares, y que esto generará críticas internas y en el mundo por entregarle al Ejército esas funciones, juntando seguridad nacional con seguridad interna y seguridad pública. Esas tareas ya no tendrían divisiones institucionales ni contrapesos. Toda la seguridad se manejaría desde Lomas de Sotelo.
Pero además, si sale la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, donde tiene 70 por ciento de su presupuesto y realiza las funciones principales asignadas a esa dependencia, será asimismo el fin de esa secretaría, que quedaría reducida a su máxima expresión y sin responsabilidades sustantivas que realizar. No sería, como en el gobierno de Peña Nieto, cuando la Secretaría de Gobernación absorbió la de Seguridad Pública, sino que este país se quedaría sin un cuerpo civil federal responsable del combate a la delincuencia.
Los militares darían un paso más hacia el control de la vida civil del país, construyendo un andamiaje que no se ve en democracias, sino en dictaduras.
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