La Jornada
Oaxaca de Juárez, 9 de diciembre. La estrategia del secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, subyace en el calendario de evaluaciones para la permanencia; consiste en focalizar la represión por regiones, concentrando el mayor número de las fuerzas policiacas y militares del país en fines de semana diferidos para contener la respuesta organizada en los principales bastiones de la CNTE; primero en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y después Chiapas. No obstante que su política fascista superó las expectativas de movilización de todo el aparato coercitivo estatal, también es cierto que las manifestaciones de rechazo no se circunscribieron a los lugares esperados.
Foto: Darío Nolasco
Como campo minado de hartazgo magisterial, el país estalló por decenas de miles de esquirlas que penetraron, literalmente, el cuerpo blindado de la reforma educativa hasta desmembrar la evaluación. Desde fuera, algunas rompieron las vallas del mando único y las filas militares; desde dentro, otras reventaron el corazón de la evaluación, el examen de competencias docentes, ante el llamado iracundo de los que no encontraron las condiciones mínimas para hacer la prueba.
El estallido magisterial y la propia naturaleza de una falsa evaluación han demostrado la completa inviabilidad de la reforma educativa, desde cualquier perspectiva que se le quiera analizar:
Sin duda, ha sido la evaluación más cara en la historia del país. La prueba Enlace, que se había presentado como la panacea de las evaluaciones para los alumnos, un sector mucho más numeroso que el de los maestros, costaba a los mexicanos 250 millones de pesos anuales. En lo que va del calendario de exámenes para la permanencia, en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, los gastos superan 200 millones de pesos, y sólo se convocó entre 8 y 9 por ciento del total de docentes. Sin embargo, la cifra a escala nacional es similar; esto significa que falta la inmensa mayoría de maestros por evaluarse y ésta es nada más una de las cuatro fases de todo el proceso.
La participación del primer grupo de docentes convocados ha sido ínfima, aunque Nuño quiera construir la verdad mediática a fuerza de repetir cientos de veces la misma mentira; la versión de que casi la totalidad asistió a evaluarse es insostenible; decir que fue 68 por ciento en Guerrero es un insulto a la inteligencia; no bastó elacarreo por helicóptero, los autobuses custodiados por la policía y el Ejército de los engañados con promesas de claves para interinos y dobles plazas, de grupos ajenos al magisterio comoantorcha campesina
y de otros trabajadores no docentes que fueron obligados a asistir en calidad de extras para escenificar aparentes multitudes.
El examen se desarrolló sin las tutorías ni capacitaciones de ley; imperó un clima de incertidumbre sobre las sedes; avisos repentinos e informales; prepotencia, autoritarismo, hostigamiento de los evaluadores; fallas logísticas y técnicas: retrasos, confusiones de espacios y equipos, plataformas virtuales bloqueadas y horarios excesivos; todas ellas condiciones violatorias de la dignidad personal y los derechos humanos.
La expectativa que generó el INEE sobre el diseño de un instrumento de evaluación integral se esfumó con la puesta en marcha del mismo esquema que fracasó antes de haberse ungido en su carácter de autónomo; otra vez fue el examen estandarizado
, descontextualizado, carente de contenidos pedagógicos, saturado de preguntas hipotéticas, perversa e inútilmente diseñadas en la nube de la burocracia académica, otras que versaban sobre reglamentos y marcos jurídicos ajenos a la práctica docente.
Los grandes ausentes en la dirección de esta evaluación fueron, nada menos, los que debieron ser los más responsables. El INEE y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente se dejaron ver como los enormes elefantes blancos que son, sin ninguna capacidad logística para llevar a cabo la evaluación y mucho menos autonomía frente a la investidura dictatorial de Nuño, quien suplantó ambas instituciones utilizando la vieja estructura del Ceneval.
Los procesos, medidas y resultados estadísticos no convencieron a nadie, ni siquiera a los verdaderos arquitectos de la reforma educativa. Las organizaciones abiertamente patronales y las que disfrazan su naturaleza gerencial, como Mexicanos Primero, cuestionaron la falta de transparencia, porque en Michoacán el blindaje fue tan hermético que ni ellos pudieron meter a sus observadores; las confusas cifras de Nuño y los gobiernos estatales les pareció que escondían una verdad menos alegre sobre la asistencia de los evaluados; les molestó que fueran más los maestros de educación media y no de educación básica, porque no se tocó el poder de la CNTE; hasta los partidos políticos calificaron la estrategia policiaca de Nuño como el fracaso de la política.
Finalmente, el efecto aniquilador que se pretendía impactara sobre la CNTE, resultó adverso: Sonora, Tlaxcala, Jalisco, Durango, Zacatecas, Veracruz, Morelos y Nuevo León lograron transitar de una etapa embrionaria de descontento a una fase organizada y ofensiva contra la reforma educativa; el consenso hacia la legitimidad de las demandas magisteriales va en ascenso entre la sociedad civil; intelectuales de diversas universidades han colocado y promovido una posición cada vez más férrea contra la evaluación en diversos encuentros académicos nacionales y medios de comunicación masiva; hoy está más claro que la violencia y la necedad no vienen del magisterio, sino del Estado.
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