Oaxaca de Juárez, 22 de enero. Pese a las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior por parte de distintos actores políticos, el Ejército y la Marina-Armada de México siguen siendo las dependencias con mayor aceptación entre la población en general, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cerraron el 2017 con un porcentaje superior a 80 puntos.
En la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer la semana pasada, y la cual se aplicó en diciembre de 2017, se consultó a la población sobre el desempeño de las corporaciones policiacas y las Fuerzas Armadas del país en su labor para prevenir y combatir la delincuencia.
El Dato: Un total de 401 soldados habían muerto desde 2009 hasta mayo del año pasado, al realizar acciones de seguridad interior.
Al conjuntar las respuestas de quienes consideran que las acciones de estas corporaciones son “muy efectivas” o “algo efectivas”, el Ejército y la Marina se colocan en el primer lugar nacional, por encima de otras instituciones.
La Secretaría de Marina (Semar) cerró 2017 con una calificación de 85.6 por ciento entre quienes consideran que su actuación es “muy o algo efectiva”, superior a la que obtuvo el año anterior con 84.2 por ciento. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alcanzó 83.2 por ciento, mientras que al cierre de 2016 logró 81.7 por ciento.
La percepción del desempeño de la Gendarmería también mejoró, al pasar de 69.4 a 71.2 por ciento, mientras que la Policía Federal pasó de 63.5 a 65.3 por ciento.
En contraste, las instituciones locales dedicadas a la prevención del delito fueron las que recibieron la peor calificación de la población, además de que registraron un descenso en la percepción que sobre su actuación tiene la población: las policías estatales pasaron de 49.4 a 47 por ciento, mientras que las policías preventivas municipales bajaron de 39.8 en 2016 a 38.5 en 2017.
Hasta el momento, la Ley de Seguridad Interior suma cinco recursos de inconstitucionalidad que han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el municipio de San Pedro Cholula, Puebla; legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dichos actores buscan echar abajo la mencionada ley por considerar que militariza al país. Incluso, en el recurso presentado por la CNDH expresaba que la norma “posibilita, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, que el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas”.
Al promulgar la ley, que busca brindar un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas cuando éstas realizan actividades de seguridad pública, el Presidente Enrique Peña dejó en manos de la corte la resolución sobre esta iniciativa.