Oaxaca de Juárez, 1 de julio. Nos amanecimos con una alerta del Departamento del Tesoro sobre esquemas de contrabando de petróleo de EEUU a México (huachicol fiscal) asociados con los cárteles de la droga.
La narrativa que utiliza es opuesta radicalmente al discurso autocomplaciente que a menudo escuchamos en la mañanera.
No sólo deja claro que el huachicol fiscal es una actividad en auge, sino describe hasta dónde están metidos los narcos en el huachicol fiscal.
El Tesoro de EEUU califica al Cartel de Sinaloa, al Cartel Jalisco Nueva Generación, al Cartel del Golfo y otras organizaciones criminales, clasificadas por EEUU como “organizaciones terroristas”, con todo lo que eso implica.
Agrega que el huachicol fiscal y nacional es la segunda fuente de ingresos de los cárteles de la droga, basado en datos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.
Habla de lo que el gobierno mexicano se rehúsa a aceptar:
“Los carteles utilizan cada vez más esas ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, a fin de ayudar a candidatos a conveniencia.”
“¡No hay pruebas, no hay un pruebas!”, repiten en Palacio Nacional. No las hay porque no las buscan.
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La alerta del Tesoro cita a la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) para señalar que dos ciudadanos mexicanos y 12 empresas han sido sancionados por estar relacionados con el contrabando de petróleo.
Ellos son: Oscar Juraidini Silva, cerebro de operaciones financieras para el CJNG, y a J. Refugio Ruiz Villagomez, contrabandista de combustible.
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El FinCEN advierte, simultáneamente, que el gobierno de Estados Unidos ha adoptado “medidas agresivas” para investigar y llevar ante la justicia a quienes proporcionan apoyo a los cárteles.
No aclara si la advertencia incluye a las más altas autoridades de la Marina, involucradas en la red de huachicol fiscal durante el gobierno de AMLO.
El tamaño del delito lo describe el Tesoro con las siguientes palabras: “Entre una tercera o cuarta parte de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito.”
¿Cómo llega ese petróleo de contrabando a nuestro país?
El Departamento del Tesoro dice que suele estar erróneamente clasificado en la documentación aduanera u oculto de otras formas para evadir impuestos.
“Mediante estos esquemas, los cárteles desvían decenas de miles de millones de dólares al año en ingresos fiscales del gobierno de México”, añade.
Y da datos:
En el período de 12 meses posterior a la alerta que sobre contrabando de petróleo por cárteles lanzó en mayo del 2025, las instituciones financieras reportaron a la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa conectada con esos esquemas.
“Así socavan a Pemex y a otras empresas legítimas mexicanas y estadounidenses”, puntualiza el FinCEN.
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Seguimos con las transas. El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández, presentó ayer en la Cámara de Diputados el informe de la Cuenta Pública 2025.
Dijo:
“Hemos presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos. Esto, atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento, sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización.”
Precisó que ya se iniciaron treinta expedientes derivados de responsabilidades administrativas graves en contra gobiernos municipales, estatales y federal.
“Tienen que ver con colusiones en procedimientos de contratación pública”, precisó el auditor.
No tienen remedio.
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Nos llamó la atención la intervención del Diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN en San Lázaro, en la presentación de la Cuenta Pública.
Luego de señalar el “momento complejo” que vive nuestro país en materia económica y financiera, subrayó que la fiscalización resulta importante.
“Los desafíos nacionales exigen que cada peso produzca resultados verificables”, subrayó.
Destacó que en el lapso 2019 al 2024 –años de AMLO– la Auditoría detectó y observó un monto acumulado de más de 365 mil millones de pesos, bajo probable corrupción.
“De allí hay que señalar qua casi 100 mil millones de Pemex corresponden exclusivamente al ejercicio y operación del gobierno federal. Es decir, de la administración pública federal”, puntualizó.
En es lapso, el director de Pemex fue el agrónomo Octavio Romero Oropeza, hoy director del Infonavit.
Ya encarrerado, el diputado panista hizo un diagnóstico de la economía mexicana:
“Se encuentra prácticamente estancada. Instituciones como el IMCO han documentado que, en 2025, el crecimiento económico apenas fue del 0.6 %. No alcanzamos ni siquiera un dígito”, destacó.
Mientras tanto, la inversión fija bruta registró una caída del 5.5 % , reflejando una clara desaceleración de la actividad económica.
A ello se suma gravemente la reducción de un 34 % de inversión física pública y del 8 % en el gasto programable.
Esos porcentajes nunca los escuchará en la mañanera.
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