Oaxaca de Juárez, 26 de mayo. Al no poder comprobar el origen de más 3 millones de pesos que transportaba, el exdirector de Seguimiento Patrimonial del Congreso del Estado de Oaxaca durante la LXV Legislatura y presunto operador político de Morena, Carlos Augusto Hernández Silva, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto General Guadalupe Victoria de Durango.
El ex funcionario del Congreso de Oaxaca viajaba en un vuelo privado procedente de Guadalajara cuando a su llegada a la terminal aérea en una inspección de rutina le hallaron en su maletín la cantidad de 3 millones 496 mil pesos en efectivo que no pudo comprobar su procedencia.
Durante la revisión las autoridades encontraron en el maletín mil 792 billetes de 500 pesos y 2 mil 600 de mil pesos, sin la justificación el origen lícito del recurso por lo que procedieron a asegurarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que será el Ministerio Público Federal quien determine la situación jurídica de Hernández Silva.
Hernández Silva es originario de Ejutla de Crespo, Oaxaca, e hijo del extinto diputado local y ex presidente municipal Francisco Hernández Sánchez, conocido como “Pachico”.
También ha sido colaborador cercano de Adolfo Toledo Infanzón, exsenador, y de Igmar Medina Matus, ex oficial mayor del Congreso de Oaxaca, ambos con fuerte influencia en estructuras políticas locales.
Su paso como funcionario del Congreso del Estado, donde se desempeñó como director de Seguimiento Patrimonial, lo posicionó en el círculo administrativo y operativo del poder legislativo oaxaqueño, y ahora su nombre vuelve a aparecer —esta vez en el radar judicial— por presunto financiamiento ilícito y operaciones fuera del marco legal.
Fuentes políticas revelaron que el detenido estaría operando en la campaña de José Ramón Enríquez, candidato de Morena–PT–PVEM a la presidencia municipal de Durango, lo que refuerza las sospechas de un presunto intento de inyección ilegal de recursos a procesos electorales.
La combinación de factores —vuelo privado, efectivo sin respaldo fiscal, operador político con cargo público reciente y vínculos con campañas— ha encendido las alertas de la ciudadanía, la prensa y organismos de observación electoral.
Organizaciones civiles exigen que el caso sea investigado no sólo como un posible delito financiero, sino como una pieza dentro de un esquema más amplio de uso de dinero opaco en procesos electorales.
Mientras tanto, el silencio del partido y de los actores involucrados se vuelve cada vez más incómodo. Porque el dinero habla. Y en este caso, grita.
Con información de: @InquisidorOax
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