El Financiero
Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre la práctica recurrente de las entidades federativas de incurrir en subejercicios, lo que abre la puerta al desvío de recursos.
Los estados que registraron mayores irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado son Veracruz, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Foto: Google maps
Al entregar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014 a la Cámara de Diputados, el auditor Juan Manuel Portal, informó que con motivo de la revisión de dicha cuenta se emitieron mil 641 observaciones que podrían representar daño patrimonial de entre 60 y 70 mil millones pesos.
La ASF tiene 160 días hábiles para notificar a los entes observados, quienes tendrán 30 días para solventar las observaciones, contados a partir de la notificación.
Algunas de estas observaciones se refieren a subejercicios registrados por entidades federativas y que en 2014 representaron 63 mil 607 millones de pesos.
“Es mi deber señalar que las observaciones en las auditorías al gasto federalizado son numerosas… la causa de raíz es la inadecuada implementación de sistemas de control interno y el diseño inapropiado de la normativa. Sin embargo, detrás de estos factores se encuentra una falta de voluntad política por generar las condiciones adecuadas para rendir cuentas”, concluyó el auditor.
En total, la ASF emitió observaciones al gasto federalizado, equivalentes a 77 mil 380 millones de pesos, 13 por ciento de lo auditado.
De ese monto, 36.8 por ciento corresponden a observaciones por recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Los fondos en que las entidades federativas tuvieron altos niveles de observaciones son el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, el Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, Proyectos de Desarrollo Regional, Prospera, entre otros.
Portal reiteró que el gasto federalizado es el que más subejercicios reporta y que implican el incumplimiento de metas y objetivos de programas de beneficio a la población, “así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de recursos”.
La única manera de frenar la práctica, consideró, es aplicar rigurosamente la ley, es decir, que una vez que venza el plazo de aplicación de los recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación.
“El Sistema Nacional Anticorrupción es una oportunidad que no se debe desaprovechar para sentar las bases de un nuevo diseño institucional en las entidades federativas y los municipios con contrapesos al Ejecutivo estatal”, concluyó Portal.
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