Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. El desenlace fatal para la mitad (por ahora) de los diez trabajadores secuestrados hace 18 días en una mina de Sinaloa, refleja la incapacidad del estado para prevenir o responder eficazmente a este tipo de hechos delictivos, en zonas de alta conflictividad.
El secuestro ocurrió el pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, al sur de ese estado.
Los cuerpos de cinco de los mineros secuestrados fueron localizados en el poblado El Verde, a 40 kilómetros de donde fueron sacados a la fuerza por un comando armado. Los otros cinco cuerpos localizados no han sido identificados oficialmente.
La FGR nada dice sobre del fatal desenlace. En un comunicado, se limitó a señalar que se llevó a cabo la identificación de cinco de los diez cuerpos encontrados en El Verde. Eran de los mineros.
Las principales hipótesis apuntan hacia la extorsión o cobro de piso a la empresa canadiense. Se habla también de represalias en la disputa entre Mayos y Chapos. No hubo llamadas de rescate, según familiares.
“Hay muchas dudas de todo… mucho hermetismo. Nadie sabe nada y la única versión es la que informa la FGR”, nos dice Oswaldo Villaseñor, periodista de amplia trayectoria en medios impresos y electrónicos en Sinaloa.
En mensaje vía WhatsApp agrega: ”A diferencia de otras fosas clandestinas encontradas, como Rancho Aguirre, aquí no hay otra versión, otra información, ni opinión. Nadie ha llegado al lugar del hallazgo.
“La FGR y el Ejército tienen el control total de la zona. Los colectivos de buscadoras llegan a una parte límite, nada más. Dicen que no hay transparencia.
“Y algo más para ellas: en Mazatlán y el Sur de Sinaloa hay más de mil personas desaparecidas. Temen que nada más digan que encontraron a los mineros y se vayan”, puntualizó.
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Hechos como ese le quitan credibilidad al discurso del gobierno. Un día sí y el otro también presume reducciones en delitos graves.
Pero un día sí, y el otro también, nos enteramos de que, en algún punto de la República, ocurrió un delito de alto impacto.
Aunque a las autoridades no les guste que se hable de ello, el trágico episodio refleja el avance del crimen organizado en el control de economías legales.
Muestra también la debilidad institucional en regiones como el sur de Sinaloa, estado que vive una sangrienta guerra hace 17 meses, entre Chapitos y Mayos.
Hay indignación nacional e internacional por involucrar a una empresa foránea (la minera canadiense Vizsla Silver.) El hecho apunta hacia la falta de seguridad para inversiones extranjeras, en zonas con fuerte presencia del narco.
La FGR destaca, en su boletín, la importancia de mencionar que la autoridad ministerial ha mantenido contacto con familiares de las víctimas, cuyos cuerpos en los casos en que ya fueron identificados, serán trasladados a los estados de Zacatecas, dos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero, uno a cada uno.
Y como siempre, promete que no habrá impunidad.
Ya que estamos. México Evalúa, centro de análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, señala que entre 2015 y 2025, la violencia letal acumulada aumentó 68.2%; las desapariciones, 212.9%; y otros delitos contra la vida, 368%.
Reconoció, sin embargo que el homicidio doloso mostró una reducción de 22.2% en el último año.
Los estados que en 2025 registraron la tasa más alta de violencia letal por cada 100 mil habitantes: Baja California (141.9), Sinaloa (131.1) y Morelos (117.4)
Y la más baja: Yucatán (10.5), Tlaxcala (13.3) y Coahuila (14.2).
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Otro frente donde el gobierno ha quedado a deber es el combate a la corrupción y los negocios chuecos, particularmente cuando se trata de personajes vinculados con Morena.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló ayer que Daniel Arturo Casasús, amigo de Andy y actual secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de dos empresas que el SAT ha declarado factureras.
Una se llama Construagregados Hopelchen. Ha tenido como apoderado legal a un empleado de la familia Bermúdez Requena (sí, el de La Barredora).
La otra empresa que está en la lista negra del SAT se llama Comercio y Construcción de Tabasco. Ha utilizado como domicilio un inmueble vinculado a ese mismo grupo familiar.
El PAN ya tomó nota de este nuevo escándalo de la “familia real”. Solicitó al SAT y a la Secretaría Anticorrupción investigar el caso. “La familia de AMLO se sigue sirviendo con la cuchara grande”, acusó.
FIN.
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