Oaxaca de Juárez, 29 de junio. Su trabajo fue deficiente, sólo intervino en tres de ocho estados y de las más de 60 mil viviendas con daño total sólo atendió a la cuarta parte para su reconstrucción.
De las 60 mil 302 casas que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) reportó como pérdida total tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) sólo contrató asistencia técnica para reconstruir 15 mil 373 viviendas en tres de los ochos estados que resultaron afectados, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como parte de la primera entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2018, la ASF determinó que el desempeño que tuvo la CONAVI en contratar dichos servicios, así como el administrar y actualizar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) fue “deficiente” y no garantizó la aplicación de los recursos destinados para la atención de los daños ocasionados por los siniestros de hace dos años.
Atendieron a tres
De acuerdo con la auditoría de desempeño que el órgano fiscalizador hizo se comprobó que la Comisión Nacional de Vivienda contrató el servicio de asistencia técnica para otorgar 42 mil 652 apoyos para Oaxaca, Chiapas y el estado de México, equivalentes al 70.7% de las viviendas con daño total diagnosticadas por la SEDATU en esas entidades.
Esos 42 mil 652 inmuebles representaron el 97% de las 43 mil 724 asistencias que se requerían, pero “de acuerdo con las bases proporcionadas, los proveedores otorgaron 15 mil 373 completas, lo que significó una cobertura del 35.2% respecto del total dañado”, concluyó el informe toda vez que, el criterio para considerar una asistencia técnica completa era realizar cuatro visitas por cada folio (vivienda) como lo establecen los contratos.
Pero, explica la ASF en su dictamen, la institución no justificó las razones por las que los proveedores del servicio sólo asesoraron a una parte de las viviendas con daño total, en incumplimiento de los contratos formalizados entre la CONAVI con los 21 proveedores.
“En 2018, la CONAVI no garantizó que los recursos aplicados en la contratación de asistencias técnicas contribuyeran a resarcir los daños provocados por los sismos de 2017, de las 60 mil 302 viviendas clasificadas con daño total y que fueron susceptibles de recibir esos servicios, ya que se dio asistencia sólo a 15,373 viviendas (…) Implica riesgos en el uso de los recursos destinados para la reconstrucción y repercutió en que no tuviera elementos para cuantificar la atención de las comunidades afectadas”, concluyó la Auditoría.
Sin explicación
A fin de justificar el déficit de las auxilios, la Comisión señaló que el número de asistencias contratadas en los municipios afectados de Oaxaca y Chiapas fue de 15 mil 980 como mínimo y 39 mil 950 como máximo. Asimismo, que, en los contratos, sus Términos de Referencia y Convenios Modificatorios formalizados, no se estableció la obligatoriedad de recibir cuatro visitas, por parte de los damnificados que aceptaron dicha asistencia técnica, ni de considerarla como válida únicamente en los casos en los que se contara con las cuatro visitas.
No obstante, el informe advierte que en el caso de las asistencias otorgados por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), se constató que de los dos mil 699 folios, sólo dos mil 372 (87.9%) fueron aceptados por los damnificados, pero 327 restantes (12.1%) no, y la CONAVI “no justificó el motivo por el cual las asistencias técnicas no fueron aceptadas; el ente tampoco acreditó la evidencia documental de los entregables de 167 de las do mil 372 visitas aceptadas, ni demostró que se haya devuelto el servicio al IMEVIS por las fallas identificadas relacionadas con la conclusión del servicio contratado”, lo cual repercutió en el incumplimiento del contrato firmado entre la CONAVI y el IMEVIS
En relación con el SNIIV para 2018, se explica en la auditoría de desempeño, la CONAVI no administró el funcionamiento del sistema, ya que la información referente al rezago y al déficit habitacional no ha sido actualizada desde los años 2010 y 2015, lo cual repercutió “en no contar con elementos para dar un adecuado seguimiento a la Política Nacional de Vivienda, cuantificar el déficit en el sector y tener una adecuada planeación de la oferta de vivienda”.
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