Oaxaca de Juárez, 31 de julio. En conferencia de prensa y con el aval explícito de la familia del comunicador, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, responsabilizó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la del Mecanismo Federal de Protección por omitir las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 22 de julio de 2026.
Ante los constantes señalamientos de su omisión en la protección al comunicador quien había presentado queja ante el organismo que encabeza de haber recibido amenazas en diversas ocasiones, la defensora Lara Rodríguez, acompañada de representantes de organismos defensores de derechos humanos del país, presentó una reconstrucción cronológica de las gestiones realizadas de oficio y a petición de parte, en donde se deslinda de responsabilidad y evidenció la negligencia institucional de las autoridades ministeriales y del Mecanismo Federal de Protección.
De acuerdo con el expediente que presentó, el periodista acudió por primera vez al organismo el 14 de julio de 2025 para reportar amenazas recibidas en redes sociales. Aunque en un primer momento el comunicador prefirió no activar medidas cautelares por temor a que se filtrara su ubicación, posteriormente interpuso una denuncia ante la FGR.
A partir de ese momento, dijo, la DDHPO activó diversas solicitudes que sistemáticamente fueron ignoradas o burocratizadas por las autoridades,sin embargo, pese a conocer el riesgo que corría Leyva Aguilar nunca activó las medidas cautelares ni emitió una alerta temprana que es una de sus facultades que la ley le permite ordenar para proteger a personas en riesgo, en lugar de ello, optó por señalar a la FGR, la Fiscalía estatal y al Mecanismo Federal.
Ante los medios de comunicación, Lara Rodríguez señaló que en cinco ocasiones solicitó a la Fiscalía del Estado (15 de agosto, 24 de octubre y 20 de noviembre de 2025; 2 de diciembre de 2025; y 21 de enero de 2026) la emisión urgente de medidas de protección a favor de Leyva Aguilar.
Señaló que la FGR declinó competencia a favor de la Fiscalía de Oaxaca el 28 de julio de 2025, remitiéndole el expediente el 5 de septiembre del mismo año. Sin embargo, en noviembre de 2025 y en reiteradas ocasiones durante 2026, la Fiscalía estatal sostuvo no tener registro ni localizar la carpeta de investigación, argumentando que nunca le fue turnada.
Aseguró que la Defensoría solicitó en tres momentos distintos (diciembre de 2025, febrero de 2026 y nuevamente el 17 de febrero de 2026) la incorporación urgente del comunicador al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aportando incluso una lista certificada de los números desde los cuales recibía amenazas. Hasta la fecha del pronunciamiento, la instancia federal no ha dado respuesta.
Incluso, dijo, en abril de 2026, ante el “extravío” del expediente por parte de la Fiscalía del Estado, la DDHPO gestionó una cita para que un Ministerio Público acudiera a recabar nuevamente la denuncia del periodista, diligencia que tuvo que reprogramarse debido a complicaciones de salud y traslados médicos del comunicador a la Ciudad de México.
La titular de la DDHPO enfatizó que el organismo estatal actuó de oficio en múltiples ocasiones para intentar tejer una red de seguridad en torno al comunicador, agregando que ante la falta de respuesta del Mecanismo Federal, la DDHPO ha desglosado una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“El caso Alejandro Leyva no es únicamente la historia de un periodista, es una prueba para nuestras instituciones. Las y los ombudsperson no perseguimos delitos ni imponemos sanciones; nuestra fuerza radica en la autoridad ética y el combate a la impunidad. La impunidad constituye una forma adicional de violencia”, aseveró Elizabeth Lara Rodríguez.
Finalmente, la DDHPO hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes para realizar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial sobre el homicidio del comunicador, exigiendo a la Fiscalía de Oaxaca transparente los avances del expediente y remita los justificantes de por qué no se otorgaron las órdenes de protección que pudieron haber salvado su vida.
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