Oaxaca de Juárez, 27 de junio. Todo lo que se puede hacer está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para capitalizar Pemex y persuadir a los mercados y a las calificadoras de que la ingeniería financiera que se le aplica le permitirá salir del hoyo en el que se encuentra. No ha regateado nada para que no le bajen el grado de inversión, que arrastraría la deuda soberana y con ello al país entero. El esfuerzo del Presidente es muy importante, pero están olvidando importantes detalles en Palacio Nacional que no tienen que ver con lo cual comulga, la lucha contra la corrupción, sino con un aspecto que no han visto con claridad: la estrategia para limpiar al país también puede destruirlo.
Expliquémonos, para que no haya duda. La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución. ¿Es Pemex el corrupto o son corruptas/corruptos sus funcionarios? La forma como el gobierno está desdoblando el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al que se acusa por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es él presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Lozoya, en la ruta seguida, es más chico que Pemex, y la empresa estatal es el primer blanco para fumigar. Por ello, el fiscal general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano en el exterior. Mucho cuidado.
Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y estamos tan acostumbrados a ello que no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya, son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o el expresidente Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El problema será del país, del gobierno y, como consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta y, mientras se deslindan responsabilidades, la apretarían financieramente en el mundo.
Un ejemplo para analizar es el de Petróleos de Venezuela, conocida por su acrónimo PDVSA, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia, tanto civil como militar, que hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, ante el tipo de componendas que tenían sus directivos con empresarios, que resultaban beneficiados por el tipo de contratos que les daban los ejecutivos venezolanos a cambio de sobornos.
Esto se paró abruptamente cuando se metió Estados Unidos. La última acción fue el 28 de enero pasado, al designar el Departamento del Tesoro a PDVSA como sujeta a sanciones en Estados Unidos, por lo que todas las propiedades y los intereses de la empresa en la jurisdicción de ese país, fueron bloqueados y se prohibió realizar transacciones con la compañía. Paralelamente, el Tesoro cortó el acceso al Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Desde 2017 ya no puede acceder a financiamiento para su deuda en los mercados estadounidenses, que es una de las razones por las que detonó su crisis.
Es cierto que el problema de corrupción en Venezuela es distinto al de México, pero si se analiza el discurso de sus líderes, es más grave lo que sucede aquí. El presidente Nicolás Maduro rechaza las acusaciones y asegura que es una agresión más del presidente Donald Trump. López Obrador dice que la corrupción es profunda –por eso envió a dirigir Pemex a su amigo Octavio Romero Oropeza–, y Gertz Manero respalda esa línea discursiva al señalar que el Consejo de Administración deberá responder por los actos de Lozoya. En el caso mexicano, el Tesoro estadounidense no tendría que investigar a Pemex; el gobierno lopezobradorista ya lo hizo y ya concluyó: es corrupta.
Sin darse cuenta, el gobierno mexicano abrió la caja de pandora. Si Pemex es corrupto y también su filial estadounidense PMI Comercio Internacional, que aunque no son empresas públicas que operen en las bolsas de valores sí pasan sus recursos a través del sistema financiero en Estados Unidos, entonces son sujetas a investigaciones del Tesoro y el Departamento de Justicia. En cualquier momento se podría anunciar que están investigando la corrupción en Pemex, por presuntos daños patrimoniales en Estados Unidos y, como siguiente paso, emitir sanciones como las que impusieron a PDVSA. En el hipotético caso que eso sucediera, los 100 mil millones de dólares de deuda de Pemex tendrían serias dificultades para refinanciarse, y la empresa sería acotada para vender petróleo en el mundo.
Las consecuencias serían catastróficas.
El presidente López Obrador no puede permitir que ese escenario exista, y no es difícil neutralizarlo. Los casos de corrupción los debe individualizar, separando a las instituciones, y blindando a Pemex. La institución, después de todo, no era la corrupta. Quienes la manejaban y administraban, en el peor de los casos, son los responsables y deben ir a la cárcel. Pero no deben arrastrar al precipicio a Pemex, que es lo que están haciendo en estos momentos.
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