Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. La pandemia por COVID-19 agrava la condición de las personas migrantes, pues habrá un reforzamiento en las fronteras con el pretexto de implementar un control sanitario, lo que les impedirá buscar asilo o transitar por un país. Además, habrá una ralentización en la resolución de casos sobre migración regular, señaló la Dra. Karla Valenzuela, coordinadora de la Maestría en Estudios sobre Migración de la IBERO.
En el marco de la publicación del Posicionamiento sobre el contexto migratorio en México que presentó la IBERO -en el que investigadores y especialistas analizan a profundidad cinco ejes centrales de la movilidad humana en nuestro país-, la Dra. Valenzuela, una de las coordinadoras de este documento, explicó que se prevén controles sanitarios más severos.
De acuerdo con la investigadora, la situación que viven las personas migrantes tiene que ver con las condiciones estructurales que se vienen arrastrando y que se exacerban con la pandemia. Por esta razón, el posicionamiento que la IBERO publicó la semana pasada fue un trabajo multidisciplinario, pues el fenómeno migratorio como tal exige un estudio desde diversas disciplinas para su mejor entendimiento.
Dicho posicionamiento también obedece a la emergencia nacional e internacional que significaron las caravanas que se registraron entre 2018 y 2019, las cuales han requerido una reacción rápida y oportuna.
“Las poblaciones de personas migrantes en México y en el mundo han estado invisibilizadas y han tenido que luchar por sus derechos. Hay una mayor vulnerabilidad por el COVID-19, pues sabemos de casos en los que las personas en tránsito están hacinadas en estaciones migratorias en donde no hay control en la detección de enfermedades. Esta población vive una condición estructural que se arrastra desde hace muchos años y que se agrava con la pandemia”, explicó la académica.
Pensar la movilidad con otra mirada
El Posicionamiento sobre el contexto migratorio en México se compone de cinco ejes temáticos escritos desde distintas disciplinas con un rigor académico y metodológico detrás de cada propuesta: 1) Factores socioeconómicos en la migración; 2) Sociedad civil, defensores de derechos humanos y otros actores; 3) Políticas de Estado y marco legal; 4) Salud; 5) Migración interna.
Cada eje invita a repensar la movilidad humana con otra mirada, producto de experiencias que se han sumado para dar paso al documento en donde se reconoce el derecho a migrar, pero también a permanecer. Asimismo, se celebra la labor de defensores y defensoras de derechos humanos y se busca fortalecer a actores de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos de las personas en movilidad.
Además, evidencia la crisis educativa de niños y niñas migrantes internos; se demuestra que la migración aporta positivamente al país de destino, de tránsito y de origen; se refleja la preocupación sobre el porvenir de la población que salió forzadamente de sus países de origen o que fue deportada, y que ahora está en México con un futuro incierto; finalmente, se señalan las políticas erradas del gobierno. Las y los académicos que elaboraron el documento se asumen como parte de la solución, al dar propuestas y argumentos que animen a transformar el tratamiento de la migración en nuestro país.
La académica explicó que dentro del documento existen recomendaciones para la IBERO, tales como fomentar este tipo de investigación multidisciplinaria en fenómenos sociales que así lo requieran. Así como ampliar el financiamiento a proyectos de investigación con miras a una intervención social y a la resolución de problemas nacionales. Integrar un observatorio en temas de movilidad humana. Además, el fomento y disponibilidad de recursos para hacer investigación con incidencia social.
En tanto, piden al gobierno de México crear un ambiente de respeto de derechos humanos y sociales hacia las personas migrantes y retornados. “Estamos muy claros acerca de que existen temas de políticas públicas que no aceptamos y demandamos que terminen”.
Recordó que el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), uno de los cambios de política de inmigración más fuertes promulgados por el gobierno de Donald Trump, ha obligado a decenas de miles de migrantes a esperar durante meses en México las audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Para la académica, se trata de un desmantelamiento de refugio a nivel mundial; por lo cual, exigen que nuestro país no sea partícipe de esta medida política.
En ese sentido, a través del posicionamiento, las y los especialistas que participan buscan hacer un llamado a las autoridades, a la sociedad civil y a la comunidad universitaria para unir esfuerzos, analizar, dialogar, buscar soluciones conjuntas e implementar medidas que permitan caminar hacia una transformación del entendimiento sobre la movilidad humana, en donde se reconozcan las aportaciones de las personas migrantes y refugiadas, para que puedan gozar de derechos plenos.
Para mayor información sobre este comunicado llamar a los teléfonos: 59 50 40 00, Ext. 7594, 7759
Información vía:https://ibero.mx/
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