Sarai Jiménez
Oaxaca de Juárez, 10 de diciembre. El Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cámara de Diputados y Senadores, ser congruentes en el impulso a las reformas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales, en contraparte al modelo extractivo que impera y vulnera los derechos humanos de cientos de comunidades del país.
En conferencia de prensa, la suplente del presidente de la Copuda, Gema Silvia Pacheco Vásquez, señaló que en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, demandaban armonizar la Constitución con Tratados Internacionales, como el caso del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Recordó que desde la experiencia del movimiento por la defensa del agua, es urgente que el marco constitucional se armonice con tratados internacionales, como es el caso del artículo 14.1 del convenio 169 de la OIT, que hace “un reconocimiento pleno del derecho de propiedad sobre el territorio”, lo que obligaría al Estado mexicano brindar garantías y protección efectiva del derecho a la tierra, territorio y recursos naturales con pleno respeto a los sistemas normativos indígenas y de tenencia de la tierra.
Ante el contexto actual de saqueo a los territorios indígenas, subrayó la importancia de hacer cambios de fondo al marco constitucional, asi como a las leyes secundarias que privilegian a empresas privadas y transnacionales en el uso y explotación de los recursos naturales.
Sostuvo que el 12 de octubre pasado, 16 comunidades indígenas zapotecas del valle de Oaxaca que integran la Copuda firmaron un acuerdo histórico con la Conagua, donde de establecieron 5 acuerdos, uno de ellos fue la armonización del marco jurídico nacional con los tratados internacionales.
Puntualizó que la Copuda vigila el puntual cumplimiento de los acuerdos signados, mismos que se verán cristalizados con la firma del ejecutivo y la aprobación de una nueva ley general de aguas que reivindique a las comunidades su derecho legítimo sobre el vital líquido y su territorio.
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