San Raymundo Jalpan, 17 de abril. Con la finalidad de garantizar la integridad física de las personas, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil, mediante el cual se reforma la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca para establecer que en los atlas de riesgos municipales los Ayuntamientos deberán identificar los inmuebles públicos que se encuentren en zonas de peligro, para implementar acciones preventivas de conservación y, en su caso, su reubicación.
La iniciativa fue promovida por los diputados Raynel Ramírez Mijangos, del Grupo Parlamentario de Morena, e Isaías Carranza Secundino, del Grupo Parlamentario de Fuerza por Oaxaca, y con ella se vincula de manera obligatoria la planeación territorial con instrumentos técnicos de gestión de riesgos, permitiendo anticipar afectaciones derivadas de fenómenos naturales y asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Los legisladores argumentaron que la entidad enfrenta condiciones recurrentes de vulnerabilidad ante fenómenos naturales, lo que ha ocasionado daños considerables en infraestructura pública, particularmente en planteles educativos. Ante esta situación, señalaron que resulta indispensable transitar hacia un enfoque preventivo que permita reducir riesgos, evitar pérdidas humanas y disminuir costos asociados a la reconstrucción, mediante la identificación oportuna de zonas de peligro y la implementación de estrategias de mitigación.
Por su parte, la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil dictaminó que la adición propuesta es viable y necesaria, al alinearse con los principios constitucionales de protección a los derechos humanos, particularmente la vida y la integridad física, así como con estándares internacionales en materia de resiliencia.
Asimismo, destacó que la reforma fortalece la gestión preventiva, contribuye a la eficiencia presupuestaria, mitiga riesgos institucionales y garantiza la continuidad de las funciones públicas, consolidando un modelo de ordenamiento territorial basado en evidencia científica.
Además, la reforma vincula obligatoriamente el uso de los Atlas de Riesgos con la toma de decisiones sobre la ubicación de la infraestructura pública, evitando que la inversión estatal se asiente en zonas de peligro geológico o hidrometeorológico.
El dictamen mediante el cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 56, de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado fue aprobado en Sesión Ordinaria del 31 de marzo del año en curso.
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